Moncloa dice que si los corruptos se benefician de la rebaja de la malversación será culpa de los jueces

Moncloa ya prepara el argumentario ante la previsible salida de prisión de condenados por corrupción y la reducción de condenas debido a la rebaja del delito de malversación. El Gobierno se pone de perfil y deriva cualquier responsabilidad al Poder Judicial, pese a haber promovido esta reforma para contentar a sus socios separatistas.

Así resuelve el Ejecutivo una pregunta de Vox en el Congreso de los Diputados: «¿Cuántos delincuentes calcula el Gobierno que se van a ver beneficiados por la rebaja de los tipos penales del delito de malversación sin ánimo de lucro?».

Entre ellos, la formación de Santiago Abascal pretendía saber «cuántos separatistas implicados en la causa del 1 de octubre» y «cuántos dirigentes socialistas implicados en el caso de los ERE».

El Gobierno se limita a responder que «respeta las decisiones judiciales» y «no puede anticipar el sentido de las mismas», descargando así cualquier responsabilidad en el Poder Judicial. Añade además que «respeta las leyes que emanan de las Cortes Generales».

Reforma

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado diciembre -gracias al apoyo de los aliados parlamentarios del Gobierno- implica una considerable rebaja del delito de malversación, creando un nuevo tipo que castiga con entre 1 y 4 años de cárcel y entre 2 y 6 años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado».

En el caso de que no se aprecie ese daño -como sostiene el separatismo que ocurre en el caso de los dirigentes condenados por el procés- la única pena sería la inhabilitación de entre 1 y 3 años y una multa de 3 a 12 meses.

Se trata de un argumento idéntico al utilizado para tratar de justificar la rebaja de condenas y excarcelaciones a delincuentes sexuales, en aplicación de la conocida como Ley del sólo sí es sí.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha atacado en reiteradas ocasiones a los jueces, acusándoles incluso de «aplicar mal la ley» por su «machismo». Desde la cúpula de Podemos se afirmó incluso que existe una campaña de «fachas con toga» para aliviar la condena a los agresores sexuales. La realidad es que la ley ha beneficiado, al menos, a 755 delincuentes sexuales. Esas resoluciones han supuesto ya 74 excarcelaciones.