Page prometió dimitir si aprobaba una ley expropiatoria como la que acaba de promulgar

La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha aprobado una ley que permite a la Consejería de Agricultura expropiar por hasta 25 años tierras cuando el Gobierno regional considere que están infrautilizadas. Así lo expresa el artículo 29 de la nueva norma, publicada el pasado 17 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Ahora bien, el dirigente socialista prometió dimitir en caso de que la Junta expropiase tierras. Ante esta disyuntiva la incógnita ahora está en si el presidente de Castilla-La Mancha optará por no aplicar una norma que él mismo ha aprobado, inclumplir su promesa o dimitir.

Esta nueva regulación, bautizada como Ley 9/2023, de 3 de abril, de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, también recoge que todas las parcelas expropiadas irán al Banco de Tierras, el cual emitirá información sobre su disponibilidad para que todo aquel que quiera pueda ocuparlas para trabajarlas.

La nueva norma considera que una tierra se encuentra «infrautilizada» y que incumple «la función social» cuando ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto en el artículo 27.5 y 6 de la misma ley durante dos años consecutivos.

En este sentido, también especifica que un suelo agrario es susceptible de ser expropiado temporalmente cuando concurran una o varias de las siguientes circunstancias: suelos en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras; suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes pongan en peligro las cosechas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el medio natural; y suelos agrarios que permanezcan sin actividad agraria durante tres años consecutivos, salvo que agronómica o medioambientalmente se posibilite o concurran otras causas justificadas de inactividad agraria.

En cuanto al embargo de las tierras por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, la ley prevé que se haga en conformidad con el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Esta disposición legal expresa que «existirá causa de interés social para la expropiación forzosa cuando con esta estimación expresa se haya declarado específicamente por una ley», es decir, cuando una nueva norma así lo disponga tal y como está haciendo la ley aprobada por el ejecutivo castellano-manchego.

Emiliano García-Page afirmó el pasado sábado, durante un mitin socialista, que nunca iba a expropiar una tierra y que si lo hiciese, dimitiría. «Si yo me atreviera a expropiar una tierra en esta región, dimito y lo digo hoy en público. No me hacen falta notarios, lo digo en público. Dimito», aseguró el presidente de Castilla-La Mancha durante un mitin del PSOE.

La portavoz del PP en las Cortes regionales, Lola Merino, ha manifestado a OKDIARIO que la ley «es una norma dictatorial propia de regímenes bolivarianos». En su opinión, es «un atentado contra la propiedad privada» y que perjudica a los agricultores. «Tenemos una sequía tremenda y muchos problemas en el medio rural, como la viruela bovina. Y la Junta, en vez de solucionarlos se dedica a atacar a los agricultores. García-Page debería ser agricultor por un día para que se diera cuenta de lo duro que es y de la ayuda que necesitan», ha dicho.

Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha asegurado este jueves en Cuenca durante el acto de clausura de la Asamblea Anual de Asaja que si gobierna derogará de inmediato la ley «que abre la puerta a la expropiación de tierras en la región».