Pablo Iglesias culpa a Ábalos de las tensiones en el Gobierno por «resistirse» a cumplir los pactos

Pablo Iglesias
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha culpado a su compañero en el Consejo de Ministros José Luis Ábalos de «resistirse a cumplir los compromisos firmados», en referencia a las declaraciones del ministro de Transportes rechazando el control del precio del alquiler, como pide Podemos.

Este lunes, la coalición PSOE-Podemos sufría un nuevo momento de fricción. José Luis Ábalos admitió en una rueda de prensa que las concepciones distintas que tienen los socios de Gobierno a la hora de negociar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y rechazó la limitación de rentas máximas que propugna Unidas Podemos porque puede haber una detracción del mercado y hacer que esas viviendas acaben en el mercado de la compraventa.

«Como es un tema que afecta a todas las administraciones hay que poner a trabajar a todas ellas y no transferir esa responsabilidad a los particulares», sostuvo, tras subrayar que hay recursos y medios suficientes para hacer una buena política pública de vivienda en España.


Estas declaraciones no hicieron ni pizca de gracia en la formación morada que tiene marcada con una línea roja esta propuesta firmada en el pacto de Gobierno con Pedro Sánchez. Todas las terminales mediáticas podemitas se lanzaron a criticar al ala socialista del Ejecutivo por incumplir uno de los pactos de Gobierno.

Este martes, después del acto de conmemoración del 40 aniversario de la intentona golpista del 23-F, el vicepresidente Pablo Iglesias ha señalado en un canutazo con los medios de comunicación que «lo que tensiona el Gobierno de coalición es resistirse a cumplir los compromisos firmados».

De esta manera, sin señalar directamente a Ábalos, el líder de Podemos culpaba al socialista de sembrar, una vez más, la discordia entre los socios de Gobierno.

Por otro lado, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros que se celebra todos los martes en La Moncloa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha venido a suavizar la posición del Ejecutivo con respecto al pacto con Podemos. Montero ha asegurado que el Ejecutivo socialcomunista no renuncia a regular los precios la vivienda en alquiler, sino que la discusión con Podemos está relacionada con las herramientas y los instrumentos para llevarlo a cabo.

Incentivos

En realidad, lo que proponía Ábalos era apostar por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

«Lógicamente, los más ocurrentes son los fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer», ha explicado el ministro titular de las competencias de Vivienda, que ha advertido de que, con el control de precios, puede haber una detracción del mercado en la que muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa.

Ábalos también incidió en que la nueva norma respete la constitucionalidad, pues precedentes maximalistas ya han conseguido la posición del Tribunal Constitucional y también que la ley tenga en cuenta que es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica al respecto de las inversiones y todo eso no lo podemos obviar.

El control de precios en el mercado de alquiler ha sido una constante batalla entre el PSOE y Unidas Podemos, que sin embargo han venido pactando desde 2018 medidas de contención de los precios, las últimas en el propio acuerdo de Gobierno de coalición y para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

En ese último acuerdo ambas formaciones pactaron habilitar en la nueva ley mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios tanto de los nuevos contratos como de los existentes y, a partir de los precios de referencia contener subidas injustificadas.

Ese acuerdo, alcanzado a finales del pasado mes de octubre, daba un plazo máximo de tres meses para llevar la Ley a Consejo de Ministros y presentarla en el Congreso en un máximo de cuatro por lo que, en virtud de ese plazo, el Gobierno debía de haber presentado la norma antes de concluir enero.

 

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