Oltra eludió los controles sobre el abuso a menores hasta que el PP destapó 175 casos

Mónica Oltra comparece este miércoles ante el Parlamento valenciano por los abusos a menores tutelados. Afirma que lo hace por una cuestión de transparencia. Pero no sólo la Justicia ha llegado a denunciar aparentes “consignas” para restar credibilidad a la menor abusada por su entonces marido, sino que organismos como el Defensor del Pueblo han denunciado el bloqueo a su investigación sobre los los abusos a menores. El informe que hoy publica OKDIARIO muestra, de hecho, cómo la Consejería de Oltra eludió las exigencias de más controles sobre los abusos hasta el mismo cierre de 2021. Oltra, de hecho, sólo aceptó más controles en los centros tutelados tras desvelar el PP 175 casos adicionales de denuncias de nuevos abusos sexuales a menores tutelados.

Los informes del Defensor del Pueblo valenciano -Sindic de Greuges- dibujan un perfil de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, un tanto distinto del que ella vende a la opinión pública. Un informe de este organismo del 10 de enero relata toda una pelea con Oltra para conseguir que diera el brazo a torcer y se comprometiera a controles sobre los abusos a menores tutelados.
El informe señala que “recibidas las alegaciones […], el Sindic de Greuges emitió resolución (11/11/2021) en las que se emitían las siguientes consideraciones” sobre la necesidad de más controles que evitasen los abusos a menores tutelados.

La primera recomendación pedía “la elaboración de la estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que debería formar parte de la Estrategia Valenciana de la Infancia y Adolescencia, prevista en el artículo 5 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, cuya elaboración y publicación viene siendo recomendada desde hace años, en las resoluciones de esta institución”. Y durante todos esos años, el Sindic de Greuges ha seguido constatando que no se le hacía caso.

La segunda petición reclamaba “la elaboración de un único protocolo que reformule los actualmente existentes, adecuándolos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. El citado protocolo deberá contener las actuaciones previstas para la prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de violencia sexual sobre personas menores de edad respecto a las que las administraciones públicas ejerzan alguna medida de protección jurídica, por encontrarse en situación de riesgo o desamparo”. Igualmente, se pedía “incluir actuaciones específicas para la prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos, que tengan como víctima a personas menores de edad”.

Además, el Defensor del Pueblo valenciano recomendaba “la elaboración de estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de los protocolos” y «la regulación de un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sexual sobre la infancia y adolescencia donde consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas puestas en marcha para la atención integral a las víctimas menores de edad, con un apartado específico destinado a menores con medida de protección por encontrarse en situación de riesgo o desamparo”.

Sistema de recogida de datos

Reclamaba el Sindic de Greuges , también, “un sistema de recogida de datos que permita la elaboración de estadísticas de casos de violencia sobre la infancia y adolescencia en la Comunidad Valenciana” y, por último, “que, de forma coordinada con el resto de consejerías implicadas, especialmente la de Sanidad Universal y Salud Pública y la de Educación Cultura y Deporte, se intensifiquen las actuaciones de formación de los profesionales”.

El plazo dado al Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra para contestar era de un mes. Y Oltra contestó con un extraño y ambiguo mensaje en el que aseguraba que su voluntad era la de “responder en tiempo a sus solicitudes de información y prestar la máxima colaboración en la tarea de investigación”. Pero nada concreto.

De hecho, el Sindic de Greuges concluyó que “el mencionado escrito no respeta el contenido del artículo 35.2 de la Ley 2/21, del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, por cuanto que no se manifiesta el posicionamiento de la Consejería respecto de las concretas sugerencias contenidas en la resolución, como impone el citado artículo”.

El tiempo pasó. Y el PP decidió hacer públicas las 175 denuncias de nuevos abusos de menores. Lo hizo el 3 de enero y a la vista, precisamente, del bloqueo de Oltra a dar información y crear más controles sobre los abusos. El 10 de enero, de hecho, el Sindic de Greuges firmó este informe en el que relata la negativa de Oltra a incorporar las recomendaciones de control. Y sólo tras esos hechos, es cuando Oltra ha dado su brazo a torcer. El pasado 11 de enero, al día siguiente del informe del Sindic de Greuges , llegó a esta institución un nuevo escrito firmado por Irene Gavidia, secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales con un informe de la directora general de Infancia, Rosa Molero, aceptando por fin las recomendaciones del Sindic de Greuges.