Ni un colegio en Cataluña permite estudiar en castellano y menos del 1%, todos privados, respeta la ley

Ni un solo centro en castellano. En Cataluña hay en total 4.635 centros de Infantil, Primaria y Secundaria y de ellos ni uno oferta educación con el castellano como lengua vehicular de enseñanza. El resultado es que para un total de 1.196.148 alumnos, sólo 15.000 alumnos (menos del 1%) pueden estudiar en colegios que oferten la educación en castellano. Y todos ellos son privados: a casi 6.000 euros de coste por niño y año.

Se trata de las conclusiones del trabajo de campo realizado por la Fundación Unidad + Diversidad, y plasmadas en un estudio con el que “quiere ayudar a que sea una realidad en España la libertad efectiva de los padres a escoger la educación que quieren dar a sus hijos, pudiendo elegir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza”, apunta la explicación del informe.

Una realidad totalmente ajena hoy en día. Porque lo cierto es que en Cataluña, en estos momentos, es imposible escapar a algo que, efectivamente, es difícil llamar simplemente “adoctrinamiento”. Porque más bien es una dictadura lingüística. Especialmente porque contraviene al 100% el mandato legal y constitucional de la posibilidad de elección de educación.

La única forma de librarse de esta violación sistemática de los mandatos constitucionales es acudir a uno de los colegios privados trilingües donde el 33% de las clases (2 asignaturas) son en castellano, apunta el informe.
“El coste medio de los colegios privados trilingües es de unos 600 euros mensuales”, añade el estudio. Es decir, que, al margen del gasto en comedor y transporte, solamente la educación puede oscilar entre los 5.400 euros o los 6.000 euros dependiendo de si se opta por clases de complemento.

La comparativa es literalmente odiosa. Y es que “en Andorra hay tres centros donde se oferta enseñanza con el castellano como lengua vehicular de enseñanza”. Es decir, que literalmente es más sencillo recibir educación en castellano en el extranjero que en Cataluña.

“Existe indefensión de los padres frente a la Generalidad de Cataluña debido, entre otros motivos, a que el tiempo medio en el que se dicta sentencia sobre las querellas interpuestas por padres solicitando la educación de sus hijos en castellano es de 3 años, y en el mejor de
los casos sólo permite estudiar en castellano un 33% de las clases (2 asignaturas)”, subraya el informe.

Tres años si hay denuncia

Y eso significa que si algún padre osa desafiar la dictadura lingüística, tiene que estar preparado a ver a su hijo marcado durante todo ese periodo: unos tres años. Y eso, contando con que la resolución judicial le dé la razón, algo que es difícil puesto que, al no haber ni un centro no privado con trilingüe, será imposible su traslado a un colegio cercano con educación en castellano.

Es más: “Actualmente, no queda reflejado en ningún documento de admisión de escolarización qué idioma vehicular quieren los padres para sus hijos”. Traducido: que ni tan siquiera existe un soporte legal con el que exigir y demostrar el rechazo a este sistema. Porque no existe ningún documento con el que reclamarlo.

La cosa llega a la parodia porque los únicos centros donde, dentro de una formación trilingüe, es posible tener formación en castellano, están lógicamente en las zonas más ricas. El resultado es que en toda Lérida no es posible tener estudios en castellano ni pagando en privado. Y en Tarragona sólo en un centro.