Negociaciones contrarreloj del decreto de vivienda: Junts advierte al Gobierno de que «se está alejando del acuerdo» con el último borrador

Junts ha advertido este lunes al Gobierno de que «se está alejando del acuerdo» con el último borrador del decreto de vivienda, mientras las negociaciones continúan contrarreloj de cara a su posible aprobación mañana en el Consejo de Ministros.

Junts per Catalunya ha alertado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que el último borrador del real decreto-ley de medidas de vivienda (conocido como decreto Maricarmen, en referencia a su reciente desahucio, se aleja del pacto que se había trabajado en los días previos. Según fuentes de la formación de Carles Puigdemont, el Gobierno había presentado por la mañana una propuesta de posible consenso con la que estaban mayoritariamente de acuerdo, pero el texto cambió sustancialmente por la tarde «a causa de la presión de sus socios».

El partido independentista critica que el documento se haya convertido en un decreto ómnibus al incorporar múltiples medidas ajenas a lo negociado, que ya dificultaron la convalidación de textos anteriores. Entre las principales objeciones, Junts señala que el borrador «da por buenas las okupaciones», deja sin suficiente protección a los pequeños propietarios, equiparándolos a los fondos buitre, y modifica de forma integral hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) vía real decreto, pese a que esa reforma ya se tramita en el Congreso con participación de todos los grupos.

Pese a la advertencia, Junts mantiene abierta la puerta a seguir negociando: «Nosotros queremos que haya acuerdo. Por nosotros no quedará. Estamos dispuestos a continuar hablando hasta el final». El partido reclama soluciones reales al problema de la vivienda, no «una foto, un tuit o un titular».

El Gobierno pretende aprobar el decreto mañana martes 29 de septiembre en el Consejo de Ministros, impulsado por la presión social tras el caso de Maricarmen y la acampada en la Puerta del Sol. El texto debe luego convalidarse en el Congreso en un plazo de 30 días, y el Ejecutivo necesita los votos de sus socios de investidura para evitar una nueva derrota (como la sufrida en abril con un decreto similar de prórroga de alquileres).

Las negociaciones, lideradas por el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, intentan conciliar posiciones muy divergentes.

En concreto, Sumar y socios de izquierda (ERC, Podemos, EH Bildu, BNG) impulsan medidas intervencionistas: prórroga automática de contratos de alquiler (hasta 2028, con posible congelación de rentas), regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, mayor protección frente a desahucios de familias vulnerables y límites a fondos de inversión.

Junts, por su parte, prioriza la protección de pequeños propietarios, incentivos fiscales (desgravaciones en alquileres e hipotecas), medidas contra la okupación y que la Administración asuma los costes de políticas sociales de vivienda, sin perjudicar a particulares.

Podemos ha marcado líneas rojas en el pasado (como la reforma de la Ley del Suelo, que considera favorecedora de la especulación), aunque el foco actual se centra más en la contundencia de las medidas de protección a inquilinos.

Finalmente, el PNV y otros socios buscan equilibrios, con avances aparentes en la contención de fondos buitre y en algunos aspectos de la regulación de alquileres temporales.

El Gobierno ha intentado fórmulas como que las administraciones cubran los costes de alquiler en casos de desahucios de vulnerables para no cargar a pequeños propietarios, pero Junts no lo considera suficiente. Sumar ha advertido de que no aceptará un texto que «diluya elementos centrales» para atajar la crisis habitacional.

Las conversaciones siguen abiertas esta noche, con el reloj en contra. El Ejecutivo busca un acuerdo «amplio y transversal» que permita sacar adelante el paquete, pero las exigencias contrapuestas entre socios de izquierda y formaciones como Junts mantienen las dudas sobre si el decreto logrará los apoyos necesarios en el Consejo de Ministros.