Montero plantea cursos con testimonios de víctimas del franquismo para frenar violaciones y maltrato

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se plantea «formar a la sociedad» contra las «violencias machistas» con cursos en los que se incluyan testimonios de mujeres que sufrieron la «represión» de la Guerra Civil y la dictadura.

Es una de las medidas que se recogen en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, un documento de 88 páginas que contempla una serie de medidas para «proteger» a las mujeres frente a las violencias de distinto tipo, desde la violencia de género a las agresiones sexuales o lo que denominan «violencia política» o «violencia institucional».

Entre las acciones se prevé la «formación especializada, dirigida a la sociedad en su conjunto» con la realización de «actividades de formación» en las que participen «las mujeres víctimas y supervivientes» y que incluirán además «testimonios de víctimas de la violencia y represión que sufrieron las mujeres como consecuencia de su actividad pública, política, sindical e intelectual en la lucha por la democracia o por cualquier otra forma específica de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura».

Contra los medios

El plan, como adelantó OKDIARIO, pone además el foco en los medios de comunicación. Montero pretende promover la «formación del personal de los medios» para que «informen sobre las violencias machistas con objetividad y perspectiva interseccional, sin estereotipos de género, con pleno respeto a la dignidad de las víctimas y su derecho a la libertad, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de datos».

Todo ello, mientras continúan las rebajas de condenas por la aplicación de la ley del sólo sí es sí -cerca de 200-, deja además 19 agresores sexuales excarcelados, al cierre de esta información.

Montero no sólo se ha visto incapaz de frenar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, con un balance especialmente dramático en las últimas semanas, sino que ha rechazado modificar la ley, que contempla penas más bajas para los delincuentes sexuales.

Entre tanto, sí propone una serie de medidas para tratar de abordar estas violencias, como «mecanismos de control» a los medios de comunicación en estas informaciones. El departamento de Irene Montero se queja de que no exista «un mecanismo que formalmente invite a corregir o que castigue las malas prácticas» en las noticias sobre la mujer que, consideran, adolece aún de la adecuada «perspectiva de género».

Entre las medidas se destaca, además, la «sensibilización de los medios de comunicación para evitar mensajes que consolidan el relato del terror sexual». Cabe recordar que la propia Rosell llegó a pedir a la prensa que no informase de los recursos de los condenados por agresiones sexuales porque «alarma mucho a las mujeres».

«Violencia institucional»

La estrategia, como ha informado además este periódico, habla también de «violencia institucional», es decir, aquella que se ejerce desde el propio Estado y que conlleva la desprotección de las víctimas.

En este supuesto bien podrían encuadrarse las decisiones del propio Ministerio de Igualdad y su ley del sólo sí es sí.

La «violencia institucional», define el plan, hace referencia a «la falta de respuesta (inacción) o una respuesta inadecuada a las víctimas-supervivientes de algún tipo de violencia machista».

En este contexto, se apunta directamente a policías, médicos y otros actores en contacto directo con las víctimas, a quienes se atribuye determinadas actitudes y comportamientos que podrían dar lugar a una «revictimización», según sostiene la estrategia: «Se produciría tanto por los errores en la apreciación de la situación, como por la doble victimización de las mujeres en los procesos de atención policiales, judiciales o de carácter psicosocial. Acontece cuando no se ha provisto de la atención requerida, ésta no es integral, accesible, universal o carece de suficiente calidad; o bien, el sistema no es capaz identificar adecuadamente a una víctima, por falta de detección, suficiente investigación o porque su credibilidad ha sido cuestionada».

Entre las prácticas que denuncia Igualdad figura «la infantilización, el paternalismo/maternalismo, la despersonalización en la provisión de servicios, la deshumanización (como es el privar de la intimidad que requiere la atención) e incluso la victimización directa (a través de la minimización, la ridiculización de los hechos vividos, la intimidación alertando sobre las consecuencias irremediables de la acción de denunciar y las amenazas sobre su propio enjuiciamiento si se demostrase que miente o causa un perjuicio a conciencia».