Montero y el interventor general del Estado infringen la ley para ocultar la inversión por autonomías

El afán del Gobierno por ocultar información al Congreso ha llegado al punto de situar en una comprometida situación de legalidad al interventor general del Estado, que está obligado a enviar al Parlamento informes semestrales en los que se debe detallar el dinero que el Ejecutivo central invierte en las distintas autonomías. No lo está haciendo. Esta obligación está recogida en el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria. Se está incumpliendo desde hace más de año y medio, desde que el último de esos informes incluyera datos que demuestran, como ha destapado OKDIARIO, que el Gobierno primó de forma desorbitada a Cataluña frente a otras autonomías como Madrid en el primer semestre de 2022, último informe facilitado por el Ejecutivo hasta la fecha. En esos seis meses, Pedro Sánchez desvió a Cataluña la mitad de toda la inversión del Estado: 1.152 millones.

Desde que el líder del PSOE se instaló en la Moncloa, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy de junio de 2018, el interventor general del Estado es Pablo Arellano Pardo, alto funcionario de carrera, licenciado en Derecho, integrado por oposición en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Previamente, Arellano había ocupado cargos de alta responsabilidad durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

La emisión de esos informes de inversión por autonomías y su entrega al Congreso es una obligación, no un acto de libre voluntad del Gobierno de turno. Y su incumplimiento afecta de lleno al interventor general del Estado, máximo funcionario encargado de este cometido. De hecho, a quien la ley obliga a cumplir con ese precepto es a la Intervención General del Estado, así que es su máximo responsable quien, llegado el caso, debería de explicar por qué esa información no está llegando al Congreso.

Este precepto legal de detallar semestralmente al Parlamento la inversión del Estado por autonomías entró en vigor el 1 de enero de 2014. Se instauró mediante una reforma de la Ley General Presupuestaria, y esa obligación se reforzó aún más al año siguiente, desde el 1 de enero de 2015.

Precepto legal de la era Rajoy

Fue en la etapa de Gobierno del PP de Mariano Rajoy cuando se estableció esa obligación legal. Con ella, los diputados –y los ciudadanos en general– pasan a tener derecho a saber cuánto invierte el Estado en cada comunidad autónoma, semestre a semestre. Es un parámetro objetivo para determinar el trato que el Gobierno central da a las distintas regiones y comprobar el grado de cumplimiento de sus compromisos presupuestarios en esta materia.

Sin embargo, Pedro Sánchez, que llegó al Gobierno ondeando la bandera de la transparencia, se está saltando ese precepto legal de forma sistemática. El último informe de inversión por autonomías es el del primer semestre de 2022. Desde entonces no ha hecho público ninguno. Ya ha hurtado dos al Gobierno –segundo semestre de 2022 y primero de 2023– y debería estar ultimando el del segundo semestre de 2023. Pero ni rastro de ellos.

La ocultación, que supone una infracción manifiesta de la Ley Presupuestaria, implica de lleno al interventor general del Estado, una instancia que ha de ejercer de forma estrictamente técnica e independiente, aunque orgánicamente forma parte del Ministerio de Fomento.

Ocupó altos puestos con el PP

La Intervención General del Estado está ocupada por un funcionario de carrera, perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Eso sí, su nombramiento es político, equiparado a un alto cargo, pero eso en absoluto le exime de su primordial obligación como alto funcionario público. Hay que tener en cuenta que es un puesto de extraordinaria importancia en el cumplimiento de la legalidad.

Como indica la propia Intervención General del Estado en su página web, esta instancia es la encargada dela encargada «de verificar, mediante el control previo de legalidad y el control financiero y la auditoría pública, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia». Es decir, está obligada a ejercer una función esencial de control al Gobierno en la legalidad económico-presupuestaria. Ponerse a sus órdenes para incumplir un precepto legal como el de facilitar información al Congreso choca de lleno, por tanto, con la labor que le es propia a la Intervención General del Estado y por la que debe velar su máximo responsable, actualmente Pablo Arellano.

El actual interventor general del Estado empezó a ejercer cargos de designación política en la etapa de Gobierno de Rajoy, siempre en puestos de alto perfil técnico. Tras haber sido durante siete años subdirector general de Relaciones Financieras con las Comunidades Autónomas, el Ejecutivo de Rajoy lo promovió al cargo de director del gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos, que ocupó de enero de 2012 a abril de 2016, cuando fue nombrado subdirector general de Presupuestos. En diciembre de 2016 fue nombrado director general de Racionalización y Centralización de la Contratación, cargo que ocupó hasta que Pedro Sánchez llegó al poder y fue designado interventor general del Estado.