Montero ‘indulta’ a los menores abusadores con un curso de educación sexual que no sabe en qué consiste

La conocida como Ley del sólo sí es sí establece que, en el caso de los menores que cometan una agresión sexual, desde abusos a violación, a la medida de internamiento en régimen cerrado se acompañará otra «de educación sexual y educación para la igualdad». Pese a tratarse de una de las novedades de la norma impulsada por Irene Montero, el Ministerio de Igualdad admite desconocer en qué consiste esa formación, y deriva a las comunidades autónomas en tanto «competentes en materia de menores».

Este curso es especialmente relevante a la hora de archivar los procedimientos si la víctima así lo solicita en un proceso de conciliación ante delitos menos graves donde no existe violencia o intimidación en la comisión de los hechos. En este caso, en virtud de la modificación operada por el sí es sí, «se entenderá producida la conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y realizado la medida accesoria de educación sexual y de educación para la igualdad».

A consultas de OKDIARIO, Igualdad reconoce, en cambio, que no sabe en qué consiste esa formación y, en consecuencia, desconoce «el temario y los contenidos tratados», además de «si existe un sistema de evaluación para determinar el aprovechamiento» por parte del menor.

En su respuesta, el departamento de Montero «inadmite» la solicitud alegando que es a las comunidades autónomas a las que «corresponde la competencia en materia de menores» y, con ello, «la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes».

La obligatoriedad de que los menores que cometan delitos sexuales tengan que realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género fue una propuesta pactada, vía enmienda, entre los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Igualdad alegando que la norma debía tener un enfoque «responsabilizador», más que punivista.

«Es necesario reforzar las medidas frente a los delitos de sexuales en la llamada Ley penal del menor para evitar que el comportamiento machista y violento que revelan estos casos se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes», justificaron desde el departamento de Montero.

Por ello, sorprende que, en este caso, el ministerio no aporte explicación alguna sobre la temática concreta que se impartirá a estos menores agresores.

Hasta el momento, 1.079 agresores sexuales -violadores, pederastas y abusadores- se han beneficiado de la Ley del sólo sí es sí, de los cuales, 108 han sido excarcelados, según los últimos datos actualizados del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ).

El Gobierno, sin embargo, no ha asumido responsabilidades políticas por la crisis más grave de la legislatura. Aunque la ley fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio su visto bueno en el Consejo de Ministros que se celebró el 6 de julio de 2021, como revela el acta que ha publicado este periódico.

Sánchez aprobó la norma aunque conocía sus consecuencias. Como también reveló este periódico, Moncloa dirigió un informe a Igualdad en el que advertía sobre la rebaja de las horquillas penales y pedía mantenerlas en el rango contemplado entonces en el Código Penal.

«No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual», reclamó Moncloa. Esta petición, sin embargo, fue desoída por Igualdad, que mantuvo las penas mínimas reducidas lo que ha derivado en la mayoría de las revisiones de condena y excarcelaciones.

Además, como también ha contado este periódico, Justicia e Igualdad mantuvieron varias reuniones en las que se realizaron comprobaciones para estudiar al detalle las posibles revisiones. Concluyeron que hasta un 2% de las condenas podrían ser revisadas, una cifra muy inferior a la actual, pero que demuestra que en el Gobierno eran conocedores de sus previsibles consecuencias. Pese a ello, la ley terminó aprobándose en el Congreso en agosto del año pasado, con las consecuencias por todos conocidas.