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Moncloa teme que el adelanto electoral en Cataluña impida a ERC apoyar los Presupuestos de Sánchez

El anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña preocupa en el Palacio de la Moncloa. Desde que el pasado lunes, con la inhabilitación de Quim Torra, se comenzara a hablar del posible adelanto, las alarmas se encendieron en la sede de la Presidencia del Gobierno de España por el riesgo que puede suponer para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al verse ERC atrapada en unas elecciones que dirimirán la hegemonía política en Cataluña.

El nerviosismo provocó que ayer, tras el Consejo de Ministros y de forma unilateral, la ministra portavoz, María Jesús Montero, anunciase que la reunión entre Pedro Sánchez y Torra sería el próximo jueves día 6 en Barcelona. Se trataba de un gesto hacia ERC para no poner en peligro las primeras cuentas públicas de Sánchez desde su llegada a La Moncloa.

El Gobierno pisará ahora el acelerador para tramitar, cuanto antes, las cuentas en el Congreso y activar el espacio de diálogo con sus socios de ERC. El objetivo pasa por alejar la tramitación de los Presupuestos lo máximo posible de los comicios en Cataluña y, paralelamente, activar la mesa entre Gobiernos y dar aire a ERC para que pueda justificar su apoyo a las cuentas públicas cuando se voten en el Congreso.

Sánchez y su equipo temen que la incertidumbre del calendario electoral catalán dificulte que los de Oriol Junqueras puedan dar luz verde al proyecto del Ejecutivo central. Por eso son conscientes de la necesidad de cumplir con algunos de los acuerdos que firmaron con ERC en el pacto de investidura. Gabriel Rufián avisó de que sin acuerdos concretos, no habría cuentas públicas este año. Ahora, La Moncloa tendrá que ver con qué cumplen y con qué no y qué prioriza en sus concesiones al separatismo.

La primera concesión ha sido mantener la reunión del jueves que viene con Torra, pese a estar condenado, inhabilitado y haber anunciado el fin de la legislatura. Pero Sánchez no hará ninguna cesión más en la cita. Será en la mesa de diálogo, que previsiblemente se reunirá a mediados de febrero, cuando el Gobierno empezará a visualizar su sumisión a ERC a cambio de garantizar la legislatura.

Paralelamente, la Fiscalía de Dolores Delgado tendrá que asumir en los próximos días una decisión complicada. El Tribunal Constitucional le ha pedido al Ministerio Público que abra diligencias contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir las resoluciones del Parlament contra la monarquía y a favor de la autodeterminación. El PSOE y ERC acordaron el fin de la «represión judicial», pero la Fiscalía no puede mirar hacía otro lado en esta petición del Tribunal Constitucional.

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