La ministra Batet asegura que reformar la Constitución es "urgente, viable y deseable"

Meritxell Batet aboga por una renovación del modelo territorial.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha defendido este sábado que una reforma de la Constitución es "urgente, viable y deseable" para avanzar hacia un modelo territorial federal.

Lo ha dicho durante su intervención en el acto ‘Reforma constitucional, federal y con derechos’ que ha organizado el PSC, que ha sido su primer acto en Cataluña desde que tomó posesión como ministra.

También ha advertido de que la respuesta a las demandas del independentismo "no puede agotarse con la aplicación de la ley y la Constitución", y que debe ir más allá potenciando el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat.

Sólo 24 horas después de la primera conversación entre el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, Batet realiza un nuevo guiño al independentismo catalán.

En su toma de posesión este jueves, la ministra de Política Territorial y Función Pública, la catalana Meritxell Batet, ya avanzó la disposición del Ejecutivo de Sánchez de trabajar en el apaciguamiento de la confrontación con el Govern catalán "antes del verano".

Como gesto hacia la Generalitat, el Gobierno ha decidido levantar el control previo que hasta ahora se hacía a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago cursadas desde la Generalitat, y que se había vinculado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que quedaba eliminado con la constitución del nuevo Govern catalán.

A pesar de la eliminación automática del 155 con la constitución del nuevo Govern, era necesario desactivar esta orden dada a las entidades financieras sobre el control previo a los pagos de la Generalitat.

No obstante, el Gobierno mantiene el control reforzado, pero a posteriori, sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña decidido en el acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015, y que persigue vigilar que no se desvíen fondos públicos destinados a la prestación de servicios públicos fundamentales a actividades no amparadas por la ley.

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