Oposiciones al CNP

Al menos 300 opositores a Policía recurren el examen de Interior y denuncian que contiene erratas

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El examen de ortografía del CNP ha generado polémica este año.

La promoción número 38 del Cuerpo Nacional de Policía ha arrancado con polémica antes incluso de que los aspirantes aprueben. Al menos 300 han presentado ya Recurso de Alzada ante la Dirección General de Policía (DGP) para que tres palabras dadas como buenas por la Policía sean consideradas fallos como sostiene la RAE. En concreto, el examen del pasado 2 de febrero de este año preguntaba si «stent», «software» y «majorette» estaban recogidas en el diccionario de la RAE y sí que lo están, pero como anglicismos y, por tanto, deben ir en cursiva o entrecomilladas en su enunciado, según la norma de la RAE. El problema es que en la pregunta que hace Interior venían sin entrecomillar ni en cursiva y, por consiguiente, no estaban correctamente escritas. Al menos 300 opositores contestaron, por tanto, que no estaban recogidas en el diccionario.

Los opositores afectados por la ortografía de Interior, unos 300, han presentado ya recurso de alzada ante la Administración convocante de las oposiciones, el Ministerio del Interior, y esperan que el recurso sea respondido «antes del 22 de junio para continuar con el proceso de este año, ya que sólo nos falta hacer la entrevista y reconocimiento médico y así evitar tener que ir al contencioso y generar más gasto público», explica a OKDIARIO una de las afectadas.

Además, los afectados de este año cuentan con un informe lingüístico favorable que se apoyaría en las normas de la Real Academia Española (RAE) que en un futuro conflicto en los tribunales de lo contencioso-administrativo les podría favorecer claramente. Se trata de un documento de la profesora Gelsys María García, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y autora de varios manuales especializados en ortografía, que se remite a la propia RAE para aclarar que estas tres palabras deben ir escritas en cursiva o con comillas simples porque no hacerlo equivaldría a omitir una tilde obligatoria. ¿Por qué? Porque esas palabras no se pronuncian igual que se escriben y, por tanto, sería imprescindibles escribirlas como software, stent o majorette.

El problema ahora para los aspirantes es que las oposiciones siguen abiertas y en unos diez días saldrá el listado de aprobados definitivos que podría recoger a muchos de estos opositores como suspendidos en ortografía y por tanto su proceso opositor se paralizaría, no serviría de nada la prueba física ni la entrevista personal. La pregunta origen de la polémica hacía referencia a que «para la corrección de la prueba se utilizarán las entradas propias que figuran en el Diccionario de la Lengua Española».

Problema similar en 2019

No es la primera vez que la Policía se ve envuelta en un conflicto similar a cuenta del examen de ortografía. En las oposiciones de la promoción 36 de Policía Nacional celebradas en el año 2019 ya ocurrió algo similar, cuando los correctores de la DGP dieron por malas palabras como «reditar», «preliminar», «LGTBI» y «ciberataque» porque no estaban incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española, lo que restó puntos a los opositores que sí las marcaron como buenas.

Sin embargo, los 870 opositores que las marcaron como buenas acudieron a los tribunales ordinarios y el caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el 6 de mayo de 2022 dio la razón a los denunciantes, tras estudiar el dictamen de la RAE, que las da por sí incluidas en la edición de su diccionario de 2019.

De hecho, las quejas de los opositores de este 2022 junto con la sentencia que da la razón a los del 2019 ya han llegado al Congreso de los Diputados, donde la diputada del PP Ana Vázquez Blanco ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del director de la Policía Nacional el pasado 10 de mayo «ante el varapalo judicial que anula la exclusión de opositores a Policía», en referencia al incidente similar de 2019, pero que se ha ampliado ante «los graves hechos sucedidos nuevamente con los opositores el 5 de febrero (2022) en el examen de ortografía». También el diputado Pablo Cambronero (policía de profesión, ahora en el Grupo Mixto) ha presentado un escrito en el Congreso preguntando al Gobierno si recurrirá la sentencia del TSJM que corrige el citado test de ortografía de 2019, el coste de económico para las arcas públicas de este y si piensa cesar o dimitir el director general de la Policía, Francisco Pardo, por estos hechos.

Los opositores ya han hecho cálculos de las 870 personas que recurrieron el examen en 2019 por si les tocase a ellos seguir el mismo camino y creen que «muchos seguirán en el proceso y deberán ser indemnizados por 2 años de trabajo que podían haber estado ejerciendo si el examen se hubiera corregido bien a tiempo, lo que supondría 1.900 €, unos 45.600 € / persona».

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