Melilla clama contra el Gobierno por la falta de recursos en educación especial: «Es tercermundista»

La madre de Pablo (nombre ficticio para proteger su identidad) se quedó horrorizada cuando vio la espalda de su hijo. Las manchas oscuras que observaba eran hematomas. Esas marcas moradas no sólo son culpa de las crisis que sufre este niño por su Trastorno del Espectro Autista (TEA). Tampoco se pueden achacar a los trabajadores del centro de educación especial en el que se hizo esas heridas.

El destino de Pablo viene determinado por la ciudad en la que vive: Melilla. Al Centro de Educación Especial Reina Sofía, donde va cada día, le faltan los medios y los profesionales para cuidar a la treintena de jóvenes que acuden a diario. Y cuando uno de ellos sufre una crisis nerviosa o agresiva, como la que padeció Pablo aquel día, todas esas carencias materiales se convierten en heridas físicas reales. No hay medios ni personas suficientes para ayudarles. Y todo ello porque el Gobierno de España, titular de la competencia de educación en Ceuta y Melilla, no atiende las plegarias de las familias con hijos con discapacidad.

«Aquí la educación y la sanidad es tercermundista». Así de tajante se expresa Susana Morillo, presidenta de la Asociación Teama en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ella, además, es madre de una joven con autismo. El centro al que tiene que acudir su hija es el único colegio de educación especial en ambas ciudades autónomas. «Es el cajón desastre», describe Morillo. «Lo mezclan todo en un aula: síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual, motora y sordomudez». Es decir, a esos centros va todo el alumnado «que no puede adaptarse a los centros ordinarios».

Ceuta y Melilla son los dos territorios con mayor porcentaje de discapacidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, casi la mitad de la población habla una lengua de origen bereber llamada tamazight.

Morillo detalla que «entre un 30% y un 50% de los alumnos con discapacidad tienen trastornos del comportamiento agresivo». Esta característica de su padecimiento «dificulta la coexistencia en el aula con otros alumnos y pone en riesgo la seguridad del profesor». Las personas con este tipo de males requieren «mayor esfuerzo y mayor dotación para evitar conductas disruptivas». Pero ahora mismo, el centro de Melilla no cuenta con medios suficientes y «es como una olla a presión que cualquier día explotará», se queja la presidenta de Teama.

En el caso de Pablo, cuenta Morillo que «debido a al pánico o a la situación de verse en clase» en un momento de crisis agresiva, «se dio golpes contra la silla y contra la pared».  «Se estuvo dando golpes y al parecer, cuando lo recogió su mamá, pidió explicaciones», cuenta la dirigente de la asociación. Pero resta culpas a los profesionales que trabajan allí. Morillo dice que «trabajan al 300% por culpa del Ministerio de Educación» y sin «los recursos suficientes».

La norma origen del mal

El origen de este problema está escrito en un papel: la Orden EDU/849/2010. Es la norma que regula la educación especial en las ciudades autónomas. Y, a diferencia de las comunidades, la competencia de Educación no está cedida a Ceuta y Melilla. En esos dos territorios es el Gobierno quien toma las decisiones respecto a la educación especial.

Morillo tilda la normativa de «obsoleta», porque apareció en 2010, y subraya que «vulnera principios fundamentales de los derechos de las personas con discapacidad».

La principal queja es que «no proporciona suficientes recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales». Consideran que el intervalo de alumnos que establecen por cada profesor es «amplísimo». «Es una barbaridad tratándose de alumnos con discapacidad», se queja Morillo, quien añade que «estaríamos hablando de que serían muy pocos profesores para unos alumnos que son numerosos y que requieren mucha atención».

Y pone el ejemplo de la ratio de alumnos por cada fisioterapeuta: «Tiene que trabajar con 40 alumnos que tienen gastrostomía, que algunos no controlan esfínteres, que vienen en silla de ruedas o que tienen parálisis».

Y por si fuera poco, Morillo relata que «al finalizar el curso había 11 bajas de cuidadoras» de las cuales «no se han cubierto ninguna». Narra que las situaciones de «estrés» provocan «sobrecarga laboral» y, en definitiva, las trabajadoras tienen que vivir situaciones «muy complicadas». A pesar de ello, pone en valor «la empatía y cariño» con el que trata a los alumnos. «Mi máxima admiración por ello», incide la presidenta de Teama.

Los trabajadores tienen que vivir situaciones límite. Tanto es así que una profesional del centro sufrió en su piel las marcas de una crisis de uno de los alumnos. Durante un día normal, uno de los jóvenes sufrió un trastorno del comportamiento agresivo. La cuidadora trató de tranquilizarlo, pero no contaba con medios ni con más personal que pudiera ayudarle. La trabajadora acabó sufriendo arañazos que le provocaron heridas en el brazo.

Sin modelo inclusivo

Otra de las quejas de la presidenta de Teama es que la norma EDU «no produce un modelo inclusivo». Describe que los alumnos con discapacidad no se incorporan a las actividades de los centros ordinarios.

Si los niños con trastorno del desarrollo no se integran correctamente en aulas ordinarias, puede acabar generando más problemas en su desarrollo. «Si tenemos un niño que no tiene comunicación verbal y limitamos que se relacione exclusivamente con otros niños que tampoco tienen comunicación, no voy a fomentar que este niño se comunique verbalmente», ejemplifica Morillo.

En este aspecto, Melilla se mira en el espejo de Andalucía. La Junta que preside el popular Juan Manuel Moreno ha logrado este año que el 89,4% del alumnado andaluz con discapacidad se integre en escuelas ordinarias. Un logro al que aspiran las ciudades autónomas, pero que aún está lejos de poder producirse.

Y aunque la normativa recoge que «el alumno con necesidades especiales tiene que estar preferentemente en su grupo ordinario, en un centro ordinario», la realidad es distinta. «¿Cuántos recursos o cuántas aulas de educación especial hay?», se pregunta Morillo. «Cero», se responde: «Es un poco surrealista».

De hecho, la primera aula enlace entre los alumnos con discapacidad y los de centros ordinarios «se hizo en el año 2018». Y se quejan de que existe «un desfase en el tiempo de más de 20 años» respecto a la creación de estos espacios respecto a la península. Y por si fuera poco, la clase estaba «en el hueco de una escalera, en unas condiciones extremas, sin dotarnos de recursos suficientes, sin el personal suficiente», relata la presidenta de Teama.

El Gobierno, responsable

La asociación tiene claro quiénes son los responsables: el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez. «Nosotros decimos las necesidades, pero en Madrid quien nos tiene que hacer caso es el Ministerio de Educación», lamenta Morillo. «Le exigimos a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que derogue esta orden EDU que discrimina y vulnera los principios más fundamentales».

Los familiares de personas discapacitadas se sienten «abandonados» por el Ejecutivo. Y Morillo incide en la cuestión de que sólo hay tres posibles soluciones: «O la ministra de Educación deroga esta orden o las competencias pasan a la Autónoma o al final acabaremos metiéndolo por la vía penal». La población de Melilla ya no aguanta más.