Más de 10.300 ancianos de residencias fueron trasladados a hospitales de Madrid: no se les negó la atención

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, niega rotundamente que se haya impedido el ingreso hospitalario a los internos de residencias de ancianos enfermos de coronavirus, cuando esta atención especializada podía mejorar su expectativa de vida.

En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras desmienten que la sanidad pública haya dado la espalda a estos pacientes: entre el 1 de marzo y el 5 de junio, 10.300 ancianos han sido trasladados desde sus residencias hasta centros hospitalarios, lo que supone una media de 106 al día. La cifra más alta se registró el 6 de abril con 206 traslados. De los 2.226 pacientes ingresados en el Hospital de La Paz de Madrid entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32% (709 personas) procedían de una residencia de mayores.

«Con estos datos no se puede sostener que los hospitales han dado la espalda a las personas mayores que viven en residencias», señala García Navarro, «duele escuchar afirmaciones como ‘se han prohibido las derivaciones’, ‘se les han negado tratamientos’, o ‘se ha abandonado a las residencias’».

José Augusto García destaca que los Servicios de Geriatría madrileños han realizado un esfuerzo extraordinario, poniendo en marcha «la figura del ‘geriatra de enlace’ para valorar la idoneidad del ingreso de los pacientes de residencias, siempre buscando el máximo beneficio y calidad de vida para cada persona».

Casi 20.000 muertos en tres meses

Atendiendo a estos datos, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recalca que «no se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario». Al respecto, recuerda que «aún no tenemos tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo que sólo podíamos dar tratamiento de soporte y esperar que el paciente venciera la enfermedad, o bien tratamiento paliativo para personas en fase de final de vida».

«En el ejercicio habitual de la medicina y más en el tratamiento de personas mayores», detalla, «siempre se han considerado todas las circunstancias individuales de cada paciente para tomar las decisiones más adecuadas sobre cómo y dónde atenderle». Es decir, el ingreso hospitalario estaba indicado para aquellos pacientes que podían mejorar así su expectativa de vida. En otros casos, la única medida adecuada eran los cuidados paliativos, teniendo en cuenta el grave problema de saturación que existía en las UCI.

La tragedia registrada en estos centros asistenciales de toda España, en los que han muerto cerca de 20.000 personas durante los últimos tres meses, no es muy distinta a la vivida en el resto de países afectados por la pandemia, según García Navarro. «No nos ha pasado nada diferente al resto del mundo occidental», señala el presidente de la Sociedad de Geriatría, «y esto no quiere decir adoptar una actitud complaciente, sino ponerse rápido en acción para que no nos vuelva a ocurrir».

La incidencia de este fenómeno ha sido incluso menor en España, si se tienen en cuenta las estadísticas oficiales. Según un informe del International Long term Care Policy Network, el 82% de los muertos por coronavirus en Canadá ha fallecido en residencias de ancianos. En Francia este porcentaje es del 51%, en Noruega del 58%, en Suecia el 49% y en Estados Unidos el 40%.

Las mismas cifras en Europa

En España han sido el 30%, si se tienen en cuenta sólo los casos confirmados por PCR, que es el criterio aplicado por el Ministerio de Sanidad. Aunque la cifra real puede ser muy superior: en tres meses han fallecido cerca de 20.000 ancianos en residencias, lo que supondría cerca del 50% del número total de muertes por coronavirus registradas en España: un porcentaje similar al de Estados Unidos y a la media de la Unión Europea, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La alta tasa de mortandad en las residencias responde también a los condicionantes de estos centros, donde hay ingresadas «muchas personas muy mayores, con patologías previas que además están en estrecho contacto entre ellos y con los trabajadores del centro», añade José Augusto García Navarro, «y otros que han ocurrido en todo el entorno sanitario: falta de equipos de protección, falta de test diagnósticos y un número elevado de bajas entre los trabajadores en muchas ocasiones difíciles de suplir».

El presidente de la Sociedad de Geriatría considera que se ha malinterpretado el sentido de los protocolos de triaje, cuya «verdadera orientación es dar la mejor atención en el entorno más adecuado a las personas mayores más vulnerables». Si se ha decidido mantener en la residencia a un anciano enfermo de coronavirus, señala, es porque «la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital».

Al respecto, recuerda que «en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era ‘de guerra’: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30% tenían más de 200 pacientes pendientes de una cama para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencia; unidades de cuidados intensivos (UCI) que habiendo incrementado su capacidad en un 400% estaban tensionados al máximo para tener capacidad para atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades». En muchos casos, trasladar a este entorno a un anciano con un estado de salud especialmente frágil y dependiente no podía aportarle un mayor beneficio.

Cientos de denuncias en los juzgados

«Cuando a una persona con necesidades de cuidados paliativos se le ha tratado en una residencia es porque se entiende que su entorno habitual y sus cuidadores conocidos son los que les dispensarían la mejor atención, en un momento donde no podía acompañarles ni su familia», añade, «en estos casos el hospital no hubiese aportado ningún tratamiento curativo. Nadie sabe todavía cómo curarnos de este virus».

El presidente de la Sociedad de Geriatría es consciente de que ahora llueven las críticas «beligerantes» y se intenta buscar culpables por lo ocurrido, porque «tenemos centenares de denuncias en los juzgados. Pero hay que recordar, a pesar de la dureza de la situación vivida, que hay un solo culpable: la enfermedad por coronavirus, la COVID19».

A su juicio, el reto ahora es diseñar las medidas necesarias para que no se repita la situación si se produce un rebrote del coronavirus en otoño: «Por el bien de todos nuestros mayores que viven en residencias, el plan de acción no puede ser hospitalizarlos a todos. Sino tratarlos a todos, dándoles lo qué necesitan en el lugar más adecuado, como se ha hecho».

A largo plazo, habrá que afrontar otro desafío: «Ver cómo integramos servicios sanitarios y sociales para que nadie vuelva a dudar nunca más de que se puede confiar en nuestro sistema. Y esto último necesita menos ruido y más reflexión, menos agresividad y más consenso».