Marlaska quiere quitar a los guardias civiles los 4 días de indisposición que disfrutan los funcionarios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende quitar a los guardias civiles los cuatro días de «indisposición» que tienen los funcionarios, según se desprende de un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO y que ha sido debatido este martes en el Pleno de la Benemérita. Los guardias civiles están que trinan con esta decisión.

Denuncian que supone una nueva «discriminación» para el colectivo, que se suma, por ejemplo, a la de imponer pruebas físicas a agentes con discapacidad o cambiar de destino a los guardias civiles por una lesión aunque puedan trabajar, iniciativas de las que también ha informado en exclusiva OKDIARIO.

Esta nueva medida viene recogida en un proyecto de Real Decreto para regular la incapacidad temporal de los guardias civiles, el cual impone numerosas obligaciones a los agentes. Un expediente de más de 1.000 páginas que se encuentra actualmente en el Consejo de Estado y que en breve llegará al Consejo de Ministro de obtener luz verde por parte de este órgano consultivo.

Interior tiene previsto aprobarlo y que entre en vigor antes de que finalice el año. Sin embargo, los guardias civiles están luchando por todas las vías para tumbarlo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana, ha presentado alegaciones ante la Dirección General de la Benemérita y ha avisado a los ministerios del Interior, Hacienda, Transformación Digital, Defensa, Igualdad y Sanidad, a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado de las «graves irregularidades» que contiene este proyecto.

Discriminación respecto al resto

La primera consecuencia del mismo es la eliminación de los días de indisposición. Los guardias civiles, cuando cogen días de indisposición, tienen que ir al médico y entregar en el trabajo un justificante. En la Administración ni siquiera han de ir al médico, sino que el propio funcionario hace un documento reflejando que se encuentra mal.

De entrar en vigor esta norma, el personal de la Guardia Civil está obligado a coger la baja médica desde el primer día, no existiendo los días de indisposición que posee el resto de la administración. Hasta el momento, no perdían la productividad por esos cuatro días. De salir adelante esta iniciativa, perderían la parte proporcional durante los días que estén de baja.
«Esta medida supone una discriminación respecto al resto de funcionarios y un señalamiento al personal que cae enfermo o sufre una lesión, al que se trata como si fuera un delincuente», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Además, advierte que esto va a traer a Interior «más problemas que beneficios, porque si hay que coger una baja, la ausencia del trabajador se va a prolongar aunque sea por una dolencia leve que se podría solucionar con un sólo día de reposo». «El resultado son más viajes al médico, más trámites, más tiempo perdido y más estigma por caer enfermo», critica.

«Marlaska ha iniciado una guerra contra las bajas médicas de la Guardia Civil, amparado en datos estadísticos que no reflejan la realidad», denuncia esta asociación, señalando que «la Guardia Civil siempre ha dicho que hay muchas bajas en el Cuerpo, utilizando para ello datos estadísticos que no se corresponden con la realidad, dado que por la falta de personal médico, un guardia civil podría permanecer 10 años o más de baja, como ha ocurrido en alguna ocasión».
La AUGC ha pedido a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que, al menos, regule en una norma que los agentes no pierdan dinero por estos cuatro días que quitan, pero ésta sigue sin pronunciarse al respecto.

Limitación del derecho de desplazamiento

Otra medida de este proyecto normativo es el control constante de bajas, con informes periódicos. Hasta el momento, si el agente se pone enfermo, le atiende el médico y su baja se gestiona con la mutua o el servicio público. Ahora, Marlaska quiere tener «un control interno continuo sobre cada baja», según explica la AUGC, denunciando que de esta forma, el guardia civil tiene que demostrar constantemente que está enfermo.

«Y lo que es más grave, sin que la Guardia Civil cuente con personal médico suficiente para atender esa tarea», apunta Nemiña.

El ministro también persigue limitar el derecho de desplazamiento, imponiendo a los agentes la obligación de comunicar los que duren más de siete días cuando están de baja, con el fin de descontar los complementos de territorialidad. La AUGC sostiene que esta medida «es contraria a lo que dice la Ley de Derechos y Deberes -que establece libertad de desplazamiento-, y afirma que ya fue rechazada por el Consejo de Estado hace años».

«Un Real Decreto no puede limitar un derecho recogido en la ley», subraya Nemiña.

Invasión de la intimidad

Interior también quiere saber si los agentes están en tratamiento psicológico. Para ello, impondrá la obligación de notificarlo y de entregar al servicio de sanidad de la Guardia Civil toda la documentación médica que posean. Según informa la AUGC, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pedido a Interior que retire esto, pero el Ministerio lo sigue regulando como una obligación.

Además, Interior exigirá a los guardias civiles que comuniquen si tienen discapacidad. La AUGC destaca que los problemas de salud mental y la discapacidad son cosas muy sensibles, y que «pedir esa información de forma amplia y sin garantías es una invasión de la intimidad de los agentes». De hecho, la ley de datos lo protege de forma especial, recuerda esta asociación.

La norma regula, asimismo, que si un médico de la Benemérita da el alta y luego el agente pide baja o tiene una recaída, sólo le podrá extender la baja la Sanidad del Cuerpo. Sobre esta medida, la AUGC señala que «en el resto de las administraciones, la baja emitida por un facultativo tiene eficacia hasta que alguien la revise por reconocimiento», mientras que a los guardias civiles pretenden ponerles «un filtro administrativo extra» y vuelven a estar a expensas del servicio de Sanidad de la Guardia Civil.

Según la AUGC, esto es «muy peligroso si tenemos en cuenta que en la Guardia Civil faltan más de 40 médicos y que más de la mitad de las comandancias no disponen de médico».

«Si un médico que se desplaza a mi comandancia un día a la semana, me da el alta, aunque tenga una recaída posiblemente no tendré médico de la Guardia Civil que me extienda una nueva baja, por lo que aunque esté mal, tendré que seguir trabajando», explica el responsable jurídico de la AUGC, destacando que esto les «preocupa» especialmente, «dado que se está jugando con la salud del personal».

Médicos pagados por Interior

Este proyecto normativo contempla, además, que la Guardia Civil pueda contratar servicios médicos externos para el control de las bajas. «Si la administración paga y te manda al especialista que ella ha contratado, ¿quién juzga con independencia, teniendo en cuenta que ese personal contratado tiene la obligación de defender los intereses de la administración?», plantea Eugenio Nemiña.

El Real Decreto también recoge que los guardias civiles, mientras estén de baja médica, pierden la autorización para trabajar en otro empleo (compatibilidad). A este respecto, la AUGC afirma que aunque uno esté malo, puede ser que su enfermedad no le limite para ejercer las funciones de otro puesto de trabajo y que la medida podría acarrearle problemas en ese otro empleo.

Pone el ejemplo de un agente que se rompe el tobillo y no puede circular en moto. Por ello, no puede trabajar en la Guardia Civil y coge la baja. Sin embargo, eso no le impediría realizar otro empleo en el que esté teletrabajando. Por eso, la AUGC propone que en lugar de regular la suspensión de la compatibilidad, se regule que la baja se aplique a las dos profesiones.

Por otra parte, este proyecto de Real Decreto dispone que por ausencias de más de siete días de la residencia habitual estando de baja, el agente pierde el complemento de zona conflictiva si está destinado en el País Vasco o el de insularidad si trabaja en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

«¿Te vas por motivos médicos o familiares y te quitan un complemento?», plantea la asociación decana de la Guardia Civil sin dar crédito a la medida. Además, recuerda que en otras administraciones ese complemento no se quita por ausencias justificadas de corta duración.

Por otra parte, aunque en el preámbulo del Real Decreto se hable de administración electrónica, en la práctica los agentes seguirán teniendo que ir a su unidad a entregar los partes de baja o a recoger notificaciones médicas, ya que se envían allí.

La AUGC denuncia que de esta forma, no se está cumpliendo con la ley del Procedimiento Administrativo, que en su artículo 14 establece la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que se realice con ellos por su condición de funcionario.

«Mientras otros funcionarios se relacionan electrónicamente con la administración, los guardias civiles siguen obligados a trasladarse al cuartel enfermos para recibir o entregar documentación, algo anticuado, humillante y que incumple la ley», sentencia la AUGC.

En caso de que el Consejo de Estado atienda sus demandas, el proyecto se retrasará mientras no se modifique el texto, o se archivará si la Guardia Civil considera que no procede la tramitación con los cambios propuestos por este órgano consultivo. Si recibe el visto bueno del Consejo de Estado, se presentará ante el Consejo de Ministros y se publicará en el BOE entrando en vigor.