Marlaska discrimina a los guardias civiles con discapacidad: no podrán ascender si no corren 2 km

Los guardias civiles denuncian que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, discrimina a los agentes con discapacidad, ya que no podrán ascender si no corren dos kilómetros. Sin embargo, Marlaska pretende mantener esta medida, según se desprende de un proyecto normativo que prepara, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata de un proyecto de Real Decreto sobre las funciones de la Sanidad de la Guardia Civil y la determinación de la aptitud psicofísica de su personal, en el que sigue impidiendo a los agentes poder ascender por el simple hecho de no superar unas pruebas que no afectan a su trayectoria futura en el nuevo empleo.

En el trabajo al que aspiran, de oficiales o suboficiales, ejercerían funciones de mando, dirección y coordinación operativa y, por lo tanto, no correrían porque no son funciones operativas.

Con este proyecto normativo, Interior quiere regular los expedientes de pérdida de condiciones psicofísicas que se instruyen cuando los guardias civiles tienen una lesión. En él se regula el procedimiento para que los agentes pasen al tribunal médico, el cual dictamina si jubila al guardia civil en cuestión, lo declara «apto con limitaciones» o «apto» para poder seguir ejerciendo sus funciones.

No se medirá el grado de discapacidad

En primer lugar, el texto no hace alusión al personal con discapacidad. Aunque la Ley de personal establece que cuando los agentes van a un tribunal médico se ha de dictaminar su grado de discapacidad en caso de que la tengan, en este proyecto que Interior quiere sacar adelante desaparece cualquier referencia al grado de discapacidad, no se nombra, por lo que no se medirá, lo que conlleva que no se reconozca discapacidad. 

Por otra parte, si una discapacidad no permite a un agente que aspire a un ascenso profesional realizar las pruebas físicas, directamente quedaría excluido de ellas. En algunos casos ya ni siquiera se le dejará presentarse a la prueba. Con lo cual, se quedaría en el mismo puesto hasta que le llegue la edad de jubilación.

Denuncia ante la UE por discriminación

Este proyecto normativo será debatido este lunes, 8 de septiembre, en el Consejo de la Benemérita por el grupo de trabajo de incapacidad, paso previo a llevarlo a Pleno.

El texto fue remitido a finales de agosto a las asociaciones de la Guardia Civil y ha hecho saltar las alarmas en la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana, que luchará para que no salga adelante. El pasado lunes, 1 de septiembre, presentó alegaciones solicitando la paralización inmediata de la iniciativa.

Como ha informado OKDIARIO, esta asociación denunció en agosto al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por imponer pruebas físicas a agentes con discapacidad. Sostiene que suponen una «discriminación indirecta en los ascensos», ya que «dependiendo de la patología, no pueden superar estas pruebas, pese a que podrían ejercer perfectamente las funciones de esos empleos».

El artífice de la denuncia es Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, que en las alegaciones a este proyecto de Real Decreto advierte que de mantenerse el texto en los citados términos, también lo llevará ante instancias nacionales e internacionales.

El texto, al detalle

La AUGC afirma que con este proyecto normativo «la Guardia Civil da una vuelta de tuerca más para limitar los derechos del personal con discapacidad».

«La mayor ilegalidad que se produce es no querer hablar de los discapacitados en la Guardia Civil», indica Nemiña, advirtiendo que no va a permitir que Interior se invente una nueva Ley de Personal, porque la actual deja claro que hay que «emitir dictámenes directamente o a través de los órganos médico-periciales detallando en ellos el diagnóstico de la enfermedad o proceso patológico y el grado de discapacidad que corresponda para determinar la aptitud para el servicio de los interesados».

La consecuencia de esto, según Nemiña, es que, ante «cualquier discriminación que se produzca por discapacidad, desde el Cuerpo podrían alegar que no existe tal discapacidad, ya que no está reconocida y, en consecuencia, no existe discriminación».

«El Gobierno está intentando regular una norma en la que desaparece cualquier referencia a la discapacidad para poder seguir discriminando al personal que tenga algún tipo de limitación. Lo que persiguen con esto es poder abusar, porque no se va a poder alegar que existe una discriminación por discapacidad», argumenta.

Las pruebas físicas se recogen en el artículo 14 del proyecto, señalando que «se ajustarán a un cuadro de condiciones físicas que permita establecer diferentes niveles en función de la edad y sexo». La AUGC reclama la inclusión de una causa más, la de discapacidad, recalcando que «no tiene sentido someter a pruebas físicas para ciertos empleos/especialidades que no repercuten en las funciones que el personal que supere las pruebas necesita para ejercer sus funciones».

Adaptación de pruebas a las limitaciones

Esta asociación reclama que las pruebas se adapten a las funciones que se vayan a desempeñar y se regule la adaptación de las pruebas físicas a las limitaciones de la persona. 

El artículo 17 establece que quienes se hubiesen presentado a un proceso selectivo, «tengan dictaminada una limitación temporal o permanente de condiciones psicofísicas que sea incompatible con la realización de las pruebas físicas que conlleve el proceso o, a su vez, fuera incompatible con la superación del correspondiente plan de estudios, serán declarados no aptos en el proceso selectivo».

La asociación decana de la Guardia Civil afirma que de esta forma, lo que denunció como discriminación indirecta va camino de convertirse en discriminación directa.

Asimismo, indica que la redacción y el contenido del proyecto genera inseguridad en los tribunales encargados de valorar las decisiones de la administración, ya que no existen tablas ni procedimientos que seguir, simplemente, una enfermedad, lesión o dolencia y la misma patología puede suponer para el interesado resultados totalmente distintos.

«Ningún guardia civil está a salvo de sufrir una enfermedad o lesión que limite su capacidad. El Gobierno no puede silenciar esta realidad, tiene que buscar una solución para el personal afectado y ha de empezar por reconocer que en la Guardia Civil existe personal que sufre algún tipo de discapacidad y que los puestos de trabajo han de adaptarse a esa realidad», concluye Nemiña.