Marlaska gasta el triple para renovar las pistolas de la Policía por el veto a comprar armas a Israel

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se gastará tres veces más en la renovación de las pistolas de la Policía Nacional por el veto a comprar armas a Israel. La cartera actualizó el material de la Guardia Civil con una empresa del Estado hebreo, que le ofrecía cada arma por 269 euros. Sin embargo, para la Policía, ha licitado un contrato que dispara el coste por unidad hasta los 800 euros. Y la compañía israelí no podrá optar a este procedimiento debido al embargo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La División Económica y Técnica de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio de Marlaska, ha licitado un contrato por valor de 2 millones de euros para la «adquisición de un mínimo de 2.500 pistolas semiautomáticas 9x19mm». Esto significa que Interior desembolsará 800 euros por cada una de ellas.

Hasta ahora, el cuerpo utilizaba la pistola USP Compact, de la empresa alemana Heckler & Koch, que tiene un diseño de 1990. La propia Policía reconoce que el arma «comienza a mostrar limitaciones inherentes a su diseño original, que no siempre se alinea con las demandas de la policía moderna».

«Se hace necesario comenzar un plan de restitución/renovación de las armas cortas de dotación individual», admite en la memoria justificativa del contrato para la adquisición de este armamento. El cuerpo pretende hacerlo a través de una «gestión interna eficiente y comenzando por ciertas unidades».

Los pliegos oficiales señalan que se pretende «buscar alternativas a un arma que se ha dejado de fabricar» y «dar respuesta a la necesidad de renovación y adaptación a las nuevas tecnologías en el campo de armamento». En definitiva, persigue «la incorporación paulatina de un arma de fuego corta semiautomática de dotación individual con un diseño más moderno, mayores prestaciones y características técnicas, [lo que] supondría una mejora notable en el equipamiento armamentístico de la Policía Nacional».

Las armas israelíes, más baratas

Sin embargo, todo ello se podría haber logrado a través de la adquisición de este armamento al proveedor israelí Guardian Homeland Security, que resultó adjudicatario del contrato para suministrar 6.000 pistolas semiautomáticas de calibre 9 milímetros a la Guardia Civil por un precio de 1.614.000 euros. Esto implica un coste por unidad de 269 euros, un tercio de lo que costarán las armas que adquirirá la Policía Nacional. Y además, fue el mejor valorado a nivel técnico en la adjudicación.

El arma en cuestión es la pistola Emtam Ramon. Obtuvo la mejor valoración técnica: 34,864 puntos sobre los 35 máximos que podía recibir cualquier oferta. Y es que obtuvo la nota más alta en precisión, longitud y en ergonomía y operatividad. Además, fue la más barata (269 euros), con un 35% menos sobre el precio máximo de la oferta, mejor precio que los 305,87 euros que ofertó la marca austríaca Glock.

Sin embargo, el Gobierno aprobó a mediados de septiembre el veto a todas las exportaciones e importaciones de armamento con Israel. Sánchez alegó que esta medida podía servir «para aportar presión sobre el Gobierno de Netanyahu» para frenar el «ataque contra la población civil palestina», al que tildó como «genocidio».

Más tarde, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, argumentó que la medida aumentaba «la presión en todos los ámbitos» en los que puede actuar España y consolidaba «el embargo total de armas a Israel». En esa prohibición se incluía «todo el material de defensa y material de doble uso», así como la «denegación de tránsito para el transporte de combustible» a las fuerzas armadas de Israel.

Sin «autorización administrativa»

¿Cómo se establece esta prohibición? Todas las empresas que importen a España material de Defensa tienen que recibir una «autorización administrativa» que permita a las compañías establecer vínculos comerciales en territorio español, de acuerdo con la normativa. De ese modo, el Gobierno puede controlar qué empresas son proveedoras, denegando los permisos de importación a firmas que sean del Estado hebreo.

Por tanto, desde que el Gobierno impuso un veto a las compras a Israel, que el Ejecutivo venía realizando de facto incluso antes de aprobar esta ley, se ha dejado de poder acceder a la opción más precisa y barata del mercado. Es más, este embargo ya provocó la resolución del contrato para la adquisición de balas para las mismas armas que había comprado Interior para la Guardia Civil.