Prisiones

Marlaska desoye a los funcionarios de prisiones y avala las denuncias de maltrato sin lesiones

El Ministerio del Interior ha desestimado el recurso de una asociación de funcionarios de prisiones contra la orden que permite que los presos les denuncien aunque no consten lesiones

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El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Foto: EFE

09La Secretaría General de Instituciones Penitencias –dependiente del Ministerio del Interior- ha dado un nuevo carpetazo a las quejas de los funcionarios de prisiones sobre la polémica orden que permite las denuncias de presos aunque no consten partes de lesiones.

Marlaska desoye a los funcionarios de prisiones y avala las denuncias de maltrato sin lesiones

El Ministerio del Interior desestimó recientemente el recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), avalando por tanto la orden de servicio de 1 de julio de 2019.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Interior señala que "el director del establecimiento (penitenciario)acordará siempre que un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria, salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento, la apertura de una información previa al procedimiento sancionador para el debido esclarecimiento de los hechos".

"En consecuencia, siempre que en el parte de lesiones conste manifestación del interno en el sentido de haber sido objeto de agresión, deberá el director acordar la apertura de una información previa para esclarecer lo acontecido y, al margen de las actuaciones posteriores que en su caso pudiesen proceder en el ámbito administrativo, remitir copia de lo actuado al Juzgado de Guardia".

Marlaska desoye a los funcionarios de prisiones y avala las denuncias de maltrato sin lesiones

Instituciones Penitenciarias destaca que la orden "es un recordatorio de la legalidad vigente y de las indicaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, en su calidad de miembro del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes".

En este sentido, aporta la respuesta del Defensor del Pueblo, en agosto, al Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, en la éste defiende la obligación de "defender al mismo tiempo a los funcionarios que actúan correctamente y a los internos que pudieran denunciar con fundamento".

La citada instrucción fue citada por la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social en julio y ampara que los responsables de las cárceles deben poner en conocimiento del juzgado de guardia todas las supuestas agresiones de funcionarios a presos, tanto si consta parte de lesiones como si no.

"El hecho de que la ejecución de la pena privativa de libertad se realice en un contexto cerrado, propio de una institución total, motiva que sea especialmente relevante ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a le legalidad. Ello no sólo por el imperativo legal al que estamos sometidos, sino por erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública", se puede leer en la mencionada orden.

La instrucción obliga a la dirección de la cárcel a remitir "inmediatamente" al juzgado de guardia los "partes de hechos e informes adicionales" cuando exista un parte de lesiones de un recluso.

Pero establece también que "aunque no consten lesiones" si un preso denuncia haber sido agredido, los responsables de la prisión deberán ordenar "actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido". "Todos los partes de lesiones" se deberán remitir al juez de Vigilancia Penitenciaria, aunque no consten lesiones.

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