Marlaska desmantela las unidades de Policía que investigan inmigración, terrorismo y drogas en Cataluña

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reducido casi a la mitad durante sus siete años de mandato los policías nacionales que investigan en Cataluña los delitos cometidos por inmigrantes, el terrorismo y el tráfico de drogas. Ha dado la voz de alarma a OKDIARIO la Confederación Española de Policía (CEP), denunciando que esta situación ha sido provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez «para contentar al independentismo» y supone «un grave riesgo para la seguridad nacional».

«El Gobierno se ha comprometido con la Generalitat en aumentar los Mossos d’Esquadra en 25.000 efectivos de aquí a 2030. El objetivo final, aunque no lo reconocen públicamente, está claro: que los mossos asuman nuestras competencias, quedando sólo la Policía Nacional en esta comunidad autónoma para labores administrativas, como realizar los DNI, pasaportes y el control de Extranjería», señala a este diario Marcos Veiras, portavoz de este sindicato en Cataluña.

La CEP reclama que se ponga fin al desmantelamiento de la Policía Nacional en esta comunidad autónoma y se reponga a los efectivos que se han eliminado. 

Antes 4 investigaciones, ahora sólo una

Según informa este sindicato, los agentes de las Brigadas Provinciales de Información, que investigan el terrorismo, han visto mermadas sus plantillas un 40% durante la etapa de Marlaska, «pese al incremento de inseguridad que sufre Cataluña por el terrorismo yihadista».

En la misma cifra se han reducido los efectivos de Policía Judicial, dedicados a investigar el tráfico de drogas y los delitos tecnológicos. Algo que se produce a pesar de que en los últimos meses, los narcos están metiendo la droga por Cataluña porque es más fácil distribuirla para Europa, y también aunque los delitos tecnológicos han subido como la espuma. 

Además, la Confederación Española de Policía sostiene que el Gobierno ha expulsado casi al 50% de los efectivos de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Cataluña, que investigan los delitos cometidos por extranjeros, como son el tráfico de personas, la explotación sexual y laboral, y los fraudes a la seguridad social.

«Por ejemplo, en Barcelona, de 12 agentes que había hace 10 años, ahora sólo quedan siete», detalla este sindicato, indicando que la situación es similar en el resto de provincias catalanas.

La CEP advierte que el «desmantelamiento» de estas unidades «afecta gravemente» las investigaciones a inmigrantes de África, Europa del Este, Asia y Latinoamérica», con la consecuencia de que «antes cada grupo llevaba hasta cuatro investigaciones a la vez, pero ahora, ante la falta de efectivos, sólo puede asumir una, como mucho dos».

Dentro de las Brigadas Provinciales de Extranjería se encuentran las unidades centrales de redes de inmigración y falsedades documentales (UCRIF), en las cuales un grupo investiga los delitos de inmigrantes de África, otro los cometidos por ciudadanos de Europa del Este, un tercero los de Asia y un cuarto los urdidos por inmigrantes latinoamericanos.

La UCRIF saltó a primera plana informativa la semana pasada al desarticular en Tarragona una red de familias extranjeras que hacían pasar a sus hijos por menas para que el Estado cubriera sus necesidades, ocasionando un fraude de al menos 1,58 millones de euros. Una operación que se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres.

«Pese a la falta de medios y personal, la Policía Nacional ha demostrado una vez más su profesionalidad y su compromiso con la legalidad, el interés superior del menor y la defensa de los recursos públicos», destaca Marcos Veiras en relación a esta operación, bautizada como AME.

Dicha investigación comenzó en 2023 y ha requerido de múltiples intervenciones telefónicas y centenares de horas de análisis, afrontando enormes dificultades operativas. Por ello, los agentes han tenido que dejar de lado otras investigaciones mientras estaban con ésta, en la que todavía les queda camino por recorrer.

Un grupo ha sido reducido un 70%

Según informa la CEP, la peor situación la sufren los agentes del grupo que investiga los delitos cometidos por africanos de Barcelona, ya que se han visto reducidos en un 70% en los últimos 10 años, y «de diez que había, tan sólo quedan tres».

En Barcelona, el grupo que más operaciones desarrolla es el dedicado a todos los actos delictivos de Europa del Este, debido a la alta actividad de prostitución en Cataluña, seguido de cerca por el que lleva África y después por el de Asia.

«La situación más grave se produce en verano porque con los agentes de Información, Extranjería y Policía Judicial se refuerzan las oficinas de expedición de documentación y colaboraciones con los grupos de expulsión», indica Marcos Veiras.

A esto se suma que Marlaska ha reforzado con más agentes las oficinas de expedición de asilo. Un trabajo que antes realizaban conjuntamente la Policía Nacional y funcionarios de la Administración, pero el ministro «ha decidido recientemente que lo hagan sólo los policías, restando con ello más efectivos de los grupos de investigación», critica el portavoz de la CEP en Cataluña.

La Policía ha sido descabezada en Cataluña

Como recientemente ha revelado OKDIARIO, el Gobierno también ha descabezado a la Policía en Cataluña y no reemplaza a los comisarios que se jubilan.

Además, pretende declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña como lugar de memoria democrática, algo que para la CEP supone «un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo a costa de intentar ensuciar el impecable compromiso democrático de los policías». Una maniobra frente a la que este lunes este sindicato ha presentado alegaciones exigiendo la nulidad del procedimiento.

En este sentido, apunta que el Gobierno utiliza informes del independentista Xavier Domènech, ex diputado de Comuns en el Parlamento catalán, para nombrar la Jefatura como centro de represión franquista. Para la CEP, «esto evidencia que el Ejecutivo sigue la hoja de ruta marcada por el independentismo, cuyo fin no es otro que echar a los policías nacionales de Cataluña».

En el caso de los comisarios, su desaparición se está produciendo al no reponerlos, quedando al frente de las comisarías inspectores jefe e incluso inspectores y, por tanto, «mano de obra barata», critica este sindicato, reclamando que a estos agentes les sea reconocido el pago de las retribuciones complementarias de la categoría y el puesto que desempeñan sin abocar a la vía del contencioso-administrativo.

Respecto al desmantelamiento de las brigadas de extranjería, Policía Judicial e información, la CEP lo atribuye a Marlaska «por no ofrecer a los agentes ciertas garantías para que quieran permanecer en Cataluña». Por ejemplo, un complemento retributivo y un sistema de puntuación similar al del País Vasco y un mes más de vacaciones.

«El Gobierno es consciente de la problemática que vivimos desde el procés en Cataluña, donde no somos bien vistos por los independentistas. Le hemos dicho cuál es la solución: que nos incentive esto para que la gente no se marche y los grupos de investigación sean estancos, pero ha optado por no hacer caso», afirma este sindicato. Y destaca que esta inacción del Ejecutivo «es una forma de invitar a la gente que se marche», cediendo nuevamente a sus socios de Gobierno. Como también hizo en su día con la amnistía para los separatistas catalanes, una traición a España por siete votos.