Marlaska aceleró el informe sobre los delitos de odio para agitarlo contra Vox en la campaña del 23J

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska publicó con dos meses de retraso sobre la fecha habitual el informe que refleja las tasas de criminalidad en toda España. El mismo que constata que los delitos aumentaron por encima del 7% en toda España. Los que van contra la libertad sexual crecieron un 21,6%. Interior evitó que este informe se conociese en plena campaña electoral, pero, sin embargo, aceleró la presentación del informe del aumento de los delitos de odio que el Gobierno agitó contra Vox en el caso de la lona que colocaron los de Santiago Abascal en el centro de Madrid. Y lo hizo a la vez que subvencionaba a asociaciones LGTBI para que hiciesen campaña contra sus rivales políticos.

Mientras Interior ocultaba en un cajón durante dos meses el informe que revela el aumento de todos los tipos de criminalidad en el primer trimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, el departamento de Grande-Marlaska aceleraba la publicación de otros datos estadísticos que al Gobierno sí le convenían en campaña. Un documento que suele darse a conocer a finales de julio, pero que esta vez se llevó a principios de mes, en la antesala de unas elecciones generales en las que el asunto se convirtió en nuclear para la campaña del PSOE.

El pasado 5 de julio, a sólo dos días del inicio de la campaña electoral del 23J, Marlaska presentaba el ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022’. En él se recogía que Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2022 un total de 1.869 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2021.

El ministro explicó los datos durante la reunión de la 2ª Comisión de Seguimiento del «II Plan de Acción de Lucha contra Delitos de Odio 2022-2024». El documento ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y policías locales. El mismo sistema del que salieron los datos de criminalidad que se retrasaron hasta después del 23J.

Prioridad del Gobierno

Por acudir a esta presentación, Grande-Marlaska se perdió una cumbre de ministros de Interior de la UE sobre terrorismo y seguridad interior que se celebraba en España. Envió a su número 2. Un encuentro en el que, por cierto, el Gobierno español coló en la agenda otro de los temas que ha sido catalizador de la campaña socialista del 23J como es la violencia de género. Asunto que no se trata en este entorno, tal y como reconoció Interior al presentarlo como «temas que no son habituales» en estas cumbres.

La presencia de Marlaska, entendía el ministro, era más importante en ese otro acto para presentar los datos del aumento de delitos de odio. El titular de la cartera explicó que los delitos de odio constituyen «un ataque frontal y directo» a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de Derecho. «Actuar contra los delitos de odio ayuda a mejorar la convivencia de una sociedad multicultural, formada por personas diferentes y, como consecuencia directa, nos ayuda a vivir en una sociedad mejor», señaló.

Contra Vox

La presentación de este informe se realizó sólo unos días más tarde de la celebración de la fiesta del Orgullo LGTBI en Madrid y en otros puntos de España, a la que acudió el ministro y otros miembros del Gobierno y en la que se vertieron acusaciones contra el PP y Vox. En el debate público estaba la lona que días atrás había colgado Vox de un edificio de la capital, en la que una mano tiraba a la basura una serie de banderas. Entre ellas, las del colectivo LGTBI, al que Vox denomina «lobby».

Según entendió Marlaska, la lona partía de los «discursos más incendiarios» y revestía de una «gravedad manifiesta». El ministro concluyó que se trataba de una incitación al «delito de odio».

También los colectivos LGTBI, a la vez que Interior, se lanzaron contra Vox por esta lona, asumiendo que era muestra de lo que se venía «viendo durante varios años con la ultraderecha dentro de las instituciones».

La ofensiva había comenzado días antes. El 14 de junio, Marlaska se reunió en la sede del ministerio con representantes de la Plataforma Trans y de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Dos de las asociaciones que con más hostilidad han atacado a Vox y al PP en campaña.

Subvenciones

Se da la circunstancia, tal y como ha revelado recientemente OKDIARIO, que la FELGTBI+ recibió 100.000 euros de subvención el pasado 1 de junio, abonados por el Ministerio de Igualdad. Las redes sociales de esta formación comenzaron a partir de entonces a lanzar todo tipo de ataques contra PP y Vox, pidiendo abiertamente el voto para «la izquierda».

En plena campaña, y analizando los mensajes emitidos sólo en tres días, OKDIARIO rescató frases y acusaciones como «Feijóo alienta el odio al colectivo», «El PP ataca nuestros derechos humanos», «El del PP y Vox sería el Gobierno del odio, evítalo», «Dejemos de lado nuestras diferencias y votemos a la izquierda», «Abascal miente y Feijóo también», «Vox ha vuelto a agredir a quienes defienden los derechos humanos», «Para Vox, las personas trans están enfermas», «PP y VOX nos llevarían a un retroceso histórico en derechos sociales», «Las derechas nos quieren arrebatar nuestras identidades, nuestros derechos, nuestro orgullo».

No sería el único desembolso de dinero público recibido por esta organización. Estando en funciones, Montero acaba de encargar un informe sobre «la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España» que, entre otros aspectos, se encargará de analizar si han asumido «estereotipos y prejuicios cisheteronormativos» y sus «consecuencias». El coste para el erario público: 70.000 euros.

Informe oculto

Todos estos movimientos, encaminados a airear los delitos de odio en plena campaña electoral como arma arrojadiza contra los rivales políticos del Gobierno, contrastan con los retrasos de Interior a la hora de dar a conocer los datos de criminalidad.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska retuvo hasta después del 23J el informe del balance de Criminalidad del primer trimestre de 2023, que refleja un aumento generalizado de todos los tipos de delincuencia. Destaca el crecimiento del 21,6% en los delitos contra la libertad sexual -que Interior distingue de las violaciones con penetración-. Interior ha venido publicando este documento en el mes de mayo, o como muy tarde el 1 de junio -en 2022-, pero este año el informe no se ha hecho público hasta pasada una semana de las elecciones generales.

No es un detalle menor: la publicación de los datos de este año se produce de forma anormalmente tardía. Basta comprobar las fechas en las que fueron publicados los informes de criminalidad del primer trimestre en los años anteriores, correspondientes a la última legislatura. En 2022, el informe fue hecho público el 1 de junio; en 2021, el 20 de mayo; en  2020, el 6 de mayo; en 2019, el 3 de mayo.

En 2023, Interior aparcó este informe hasta el 26 de julio. Así figura en los datos informáticos del archivo que el departamento de Grande-Marlaska, sin embargo, aguantó a publicar hasta este lunes 31 de julio. Dos meses más tarde de lo que marca la norma general con este informe.

Los datos, que muestran un aumento significativo de la criminalidad en todos sus ámbitos y en todos los puntos de España, deberían haber sido revelados -como norma general- en mayo. Sin embargo, Interior optó por retrasarlos para que no coincidiera con la campaña del 28M. Y una vez conocido el adelanto electoral de las generales, anunciado por el presidente Pedro Sánchez el 29 de mayo, el documento quedó guardado en un cajón hasta el pasado 31 de julio. Eran datos incómodos en plena campaña.