El maestro de las ‘fake news’ Sánchez las incluye como riesgo nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en la nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional el concepto de ‘fake news’ o noticias falsas como uno de los riesgos a evitar. Sin embargo, el propio jefe del Ejecutivo socialista ha lanzado ‘fake news’ o ha recurrido a ellas en su campaña electoral de las generales del 28-A, lo que anima al independentismo a seguir sus pasos y poner en jaque la seguridad nacional.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad firmó el pasado 26 de abril, sólo dos días antes de las elecciones, la resolución para la publicación de esta Estrategia de Ciberseguridad Nacional que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional en su reunión del pasado 12 de abril, primer día de la campaña electoral.

El nuevo texto, que actualiza la Estrategia de Ciberseguridad Nacional aprobada en 2013 y donde no había referencia a las fake news, fija el objetivo de «promover un espíritu crítico en favor de una información veraz y de calidad y que contribuya a la identificación de las noticias falsas y la desinformación».

Así mismo, el plan alude a «las campañas de desinformación que hacen uso de elementos como las noticias falsas para influir en la opinión pública». Y también recoge que «Internet y las redes sociales amplifican el efecto y alcance de la información transmitida, con potencial aplicación en contra de objetivos como por ejemplo organizaciones internacionales, Estados, iniciativas políticas o personajes públicos o incluso a procesos electorales democráticos».

Audiencia masiva

Sin embargo, se da la circunstancia de que el propio Sánchez ha utilizado noticias falsas para ganar estas elecciones generales, tanto procedentes de medios de comunicación como de cosecha propia. Unas fake news que el candidato a la Presidencia del Gobierno difundió en los debates electorales televisados, a fin de llegar a una audiencia masiva y manipular a conciencia a un mayor número de votantes.

Por ejemplo, Sánchez afirmó en uno debates celebrados en TVE y Atresmedia que «la propuesta del PP hará que los pensionistas del mañana sufran una merma del 25%». Una mentira que el secretario general del PSOE repitió durante toda la campaña basándose en una tergiversación de unas palabras del portavoz económico del PP, Daniel Lacalle, quien aludió en una entrevista a que hay países donde «se han reducido hasta el 40%» las pensiones. Medios próximos al PSOE difundieron que éste era la propuesta de Lacalle, cuando de ningún modo era así. «Estoy en contra de que se bajen las pensiones», recalcó el portavoz popular hasta la saciedad.

Además, en su programa electoral, el PP señala que «las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad».

Junto ello, Sánchez también se atribuyó un aumento del 1,6% de las pensiones en los diez meses de su mandato, cuando dicha subida, como le reprochó el propio candidato popular, Pablo Casado, ya estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que sacó adelante el PP, y que todavía están prorrogados por Sánchez al ser incapaz de aprobar sus cuentas.

Las falsas «listas negras»

La otra gran ‘fake news’ que lanzó Sánchez en la campaña fue una de fabricación casera. En el debate de Atresmedia, el líder socialista acusó a la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, de hacer «listas negras» de trabajadores que combaten la violencia de género. «Su Consejería (de Ciudadanos) manda circulares a los médicos, a los psicólogos y a los trabajadores sociales para hacer una lista negra no de los potenciales trabajadores, sino de aquellos que luchan contra la violencia de género. Esta es vuestra Consejería. Esto es una vergüenza y es decepcionante por su parte», llegó a afirmar Sánchez mostrando una misiva de la Junta.

Sin embargo, esa carta se trataba de una respuesta de la Junta a un petición formulada por ciudadano particular a través del Portal de Transparencia. En ningún caso era una iniciativa del Gobierno andaluz, que había seguido así el protocolo que estableció el propio PSOE de Susana Díaz en el Ejecutivo autonómico. El particular pidió datos (nombres, apellidos, número de colegiado) de trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, cuya falta de preparación ha sido denunciada Vox. Pero la Junta de Andalucía no facilitó ninguna información, ni violó el artículo 16 de la Constitución.