Dos correos electrónicos remitidos por la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid el sábado 7 de marzo a las 20:46 y a las 20:47 de la noche comunicaron personalmente al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, la adopción de medidas restrictivas para intentar lograr la “contención de la transmisión del COVID-19”. Los mails trasladaron la petición a Franco de que extremara el control de medidas dirigidas a evitar los contagios en los centros de mayores y en las concentraciones de sanitarios porque se adoptaban precisamente por “la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

El delegado del Gobierno en Madrid se ha defendido de su imputación en el proceso por haber permitido las manifestaciones feministas del 8-M en plena ola de contagios asegurando que no tuvo ninguna advertencia de la Comunidad.

Pero lo cierto es que sí tuvo comunicaciones alertando del “riesgo inminente y extraordinario para la salud” por culpa del coronavirus. En concreto tuvo dos correos electrónicos enviados justo la noche previa incluyendo medidas adoptadas por la Comunidad que se justificaban, precisamente, para intentar contener “la transmisión del COVID-19”. Las medidas en cuestión eran adoptadas por la Comunidad de Madrid en las áreas que eran, hasta la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo, competencia regional. El control de las manifestaciones era competencia central. Pero el Gobierno decidió mantener las concentraciones feministas radicales.

Los mails fueron enviados por la Dirección General de Salud Pública de Madrid al “Excmo. Sr. Delegado del Gobierno del Gobierno en la Comunidad de Madrid”. Se emitieron a las 20:46 y a las 20:47 de la noche. Y en ellos se comunicaban las resoluciones aprobadas por el Gobierno regional de Madrid el “6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social” y por las que “que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de los centros sanitarios”.

Los dos mails incluían una petición: “Se pone en su conocimiento la misma para que, en el supuesto incumplimiento de su contenido, vele por su exacta aplicación».

Las dos resoluciones comunicadas incluían una explicación idéntica: que “las autoridades sanitarias competentes” adoptaban estas medidas acogiéndose al derecho a hacerlo por apreciar “indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población
debido a la situación sanitaria concreta” y con el objetivo “de controlar las enfermedades transmisibles” por medio de “las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

La fundamentación jurídica añadía un apoyo más: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que permite este tipo de reformas, precisamente “en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

En base a esas normas regionales trasladadas a la Delegación del Gobierno, el día 6 de marzo el Ejecutivo regional adoptó “la medida de suspensión del ejercicio de actividades de los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social, dirigidos
al sector de atención tercera edad, ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid por un plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva”. Y adoptó, igualmente, la medida basada en la “suspensión por un plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva, de las prácticas que se realizan en cualquier centro sanitario ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid, por los alumnos de los grados en ciencias de la salud u otras titulaciones y ciclos formativos, incluidas las prácticas de los ciclos formativos de formación profesional”.

La advertencia implícita en esos mensajes, por lo visto, no fue suficiente para que el Gobierno decidiera frenar las concentraciones en las calles con motivo del 8-M y las manifestaciones feministas radicales.

El delegado del Gobierno en Madrid afirma ahora que no fue alertado. Lo dice pese a que el Centro de Alertas depende del Ministerio de Sanidad y el 23 de febrero registró una escalada de las alertas registradas por posible caso de coronavirus desde casi cero al día a más de 700. Y lo hace pese a que recibió mensajes con las medidas autonómicas encaminadas a evitar los contagios la noche previa al 8-M.