Lo que pide ERC por mandar armas a Ucrania: garantía escrita de que no irán a prisión en un nuevo 1-O

Los socios del Gobierno empiezan a pedir sus compensaciones por mantener el apoyo al PSOE pese al envío de armas a Ucrania. Y uno, exigido por ERC, es algo más que llamativo: los separatistas piden garantías por escrito de que sus políticos no irán a prisión si organizan un nuevo referéndum ilegal como el del 1-O.

El partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián acaba de presentar en el Congreso su exigencia al Gobierno. La ha sellado el 9 de marzo, es decir, tras adoptar Pedro Sánchez la decisión de enviar armas a Ucrania para defenderse del ataque de Rusia. Y allí se plasma la exigencia política de generar una esfera de inmunidad para los separatistas que vuelvan a organizar un golpe independentista con referéndum ilegal.

ERC explica que “España es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977” y que “ser miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y firme compromiso con unos estándares mínimos de calidad democrática, respeto del estado de derecho y salvaguarda de los derechos humanos”. Y, según ERC, ahí va el blindaje penal de los separatistas. “El artículo 3 del estatuto del Consejo de Europa (Londres, 1949) reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero”, argumentan los separatistas.

«Proteger el diálogo democrático»

Y añaden que “en fecha 21 de junio de 2021, durante su 16 sesión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó la Resolución 2381 (2021) Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate, dirigida a las autoridades españolas y turcas”. Esa Resolución, en su parte expositiva, “invita a todos los estados miembros a “respetar la libertad de expresión y manifestación de políticos para así proteger el diálogo democrático”, añade ERC. Una protección que, explican los separatistas, se extiende hasta “incluso los pronunciamientos que puedan molestar o alarmar aquellos que no compartan las mismas ideas”.

Esa resolución en referencia a España “(parágrafos 10.1.1.; 10.1.2. y 10.1.3. además del 10.3.1. a 10.3.7.), invita a España a reformar los preceptos penales sobre rebelión y sedición de un modo que no se pueda interpretar una despenalización de la organización de un referéndum ilegal, intención del legislativo cuando abolió ese tipo en 2005, o pueda dar lugar a sanciones desproporcionadas a transgresores no violentos”.

También se incluye el siguiente punto: «Que considere perdonar o liberar de la cárcel a los políticos catalanes condenados por su participación en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y manifestaciones pacíficas masivas, y considere retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes residiendo en el exterior y buscados por los mismos hechos”.

Y otros apartados en los que se señalan las siguientes exigencias: «Que retire los restantes procesos penales también a los oficiales involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que meramente expresan solidaridad con aquellos en prisión”.

El punto 10.3.4 pide “asegurarse de que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de un modo que la culpabilidad se determine una vez se hayan cuantificado las pérdidas para los presupuestos estatales”;

Asimismo, en otro punto se establece «abstenerse de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus convicciones y opiniones políticas a cambio de un régimen carcelario más favorable o opciones a un perdón; no obstante, se les puede pedir que persigan sus objetivos políticos de maneras legales”.

«Diálogo abierto»

Finalmente, en otro punto se destaca: “Entrar en un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidas las opuestas a la independencia, para así fortalecer la calidad de la democracia española bajo la autoridad del estado de derecho, buen gobierno y total respeto a los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero cumpliendo con el orden constitucional para llegar a un compromiso que habilite a España, una democracia europea fuerte, a solucionar sus diferencias políticas, incluso en temas sensibles”.

Y ERC quiere garantías por escrito y con la supervisión del Parlamento de todo ello. Por lo que quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez “envíe un informe sobre el cumplimiento de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa” y “comparezca mensualmente para informar sobre el cumplimiento de dicha Resolución”.