La ley de Montero precipitó el traslado del trans al módulo de mujeres sin un informe médico

La aprobación de la Ley Trans, impulsada por Irene Montero, ha provocado un «limbo jurídico» en las prisiones españolas sobre el tratamiento a los presos que se declaran transexuales. Es lo que ocurrió en el caso del reo de Fontcalent (Alicante), que dejó embarazada a una interna tras ser trasladado al módulo de mujeres. El traslado se ejecutó sin contar con informes médicos o psicológicos, como hasta entonces exigía la instrucción sobre la «integración penitenciaria de las personas transexuales», de 2006. Según fuentes penitenciarias, se prescindió de ese trámite al estar próxima la entrada en vigor de la Ley Trans, que suprime la evaluación médica y hace prevalecer la «autodeterminación de género», es decir, el género con que la persona diga identificarse, sin más condición.

Todo ese embrollo terminó con el caso que, desde Interior, han tratado de ocultar: poco después de traslado, el reo trans inició una relación con una de sus compañeras del módulo y la dejó embarazada. Según fuentes penitenciarias, al conocer la gestación, la dirección de la cárcel envió de nuevo al preso al módulo de hombres. Actualmente ya no se encuentra en la prisión de Fontcalent.

«En estudio»

En cualquier caso, el preso fue trasladado al módulo de mujeres pese a que su caso estaba «en estudio», según fuentes penitenciarias. Sin informes ni evaluación. Estas fuentes destacan que la Ley Trans y la instrucción de 2006, que aún no ha sido modificada, «se contradicen» y que no tienen directrices para saber cómo deben aplicar la nueva normativa. Todo ello ha derivado en un caos y un «limbo jurídico» con respecto al tratamiento a los trans en prisión. Aunque se intenta seguir el protocolo, se procura también «no chocar con la ley» y esto obliga a analizar «caso a caso», teniendo en cuenta los antecedentes, los delitos y el comportamiento del preso. «Se está jugando con un vericueto legal a falta de un protocolo», reconocen estas fuentes, que exigen que se apruebe una nueva instrucción cuanto antes. En este caso, el traslado se aceleró sin que la evaluación hubiese concluido.

Polémica

El caso, revelado en exclusiva por OKDIARIO, ha levantado la polémica sobre la situación de los transexuales en la cárcel y la aplicación de la Ley Trans. El reo que dejó embarazada a la interna–de origen búlgaro– llevaba varios años cumpliendo condena en el módulo de hombres de la prisión alicantina, fundamentalmente por delitos de robo con fuerza y secuestro. Durante su estancia en la cárcel, inició un proceso de transición de género. No lo hizo constar en el registro, pues en su ficha técnica continuó figurando como varón. Tampoco llevó a cabo tratamientos de hormonación ni se sometió a cirugías para adecuar sus genitales a su sexo sentido. Lo que sí reiteró fue su autopercepción como mujer y, de acuerdo con ello, se hizo llamar como tal. Eligió un nuevo nombre acorde a su identidad percibida y desde entonces así se le conoció en la prisión. Llegado el momento, decidió solicitar el cambio de pabellón para poder convivir con las internas, y se le autorizó el traslado.

La instrucción del 2006 obliga a contar con un informe médico y psicológico para cambiar de módulo a los presos trans. En ese informe se hará constar que la disonancia de género tiene una trayectoria «en un período suficiente de al menos doce meses», «la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de forma determinante en su elección» y una «evaluación de la presencia de disforia de género». Tras esta evaluación, se decide el cambio de módulo o de centro penitenciario. La Ley Trans, sin embargo, prescinde por completo de esos informes. Por ejemplo, basta con que la persona acuda al Registro Civil para solicitar su cambio de género, libremente, sin exigencias. La ley de Montero no dice cómo debe aplicarse en las cárceles e Instituciones Penitenciarias tampoco ha publicado una instrucción para que cada centro sepa cómo debe proceder en estos casos.

«Desde que se empezó a tramitar esta ley ya advertimos que había que tener en cuenta el hecho diferenciador de las prisiones. La Ley Penitenciaria es de las pocas, sino la única, que segrega por sexos y esto es algo que no ha tenido en cuenta la denominada Ley Trans», lamenta Joaquín Leiva, portavoz de ACAIP-UGT.

Por ello, considera urgente que se adopten «unos protocolos y unas directrices que, por un lado, garanticen los derechos de las personas trans y, por otro, ofrezcan seguridad jurídica a los trabajadores penitenciarios».

«Prisiones es un entorno complicado, con personas privadas de libertad, y donde es imprescindible una correcta separación interior para garantizar el mejor tratamiento penitenciario», explica Leiva. «Sin unos protocolos y mecanismos de actuación bien definidos, será mucho más difícil evitar el uso torticero de la ley, por lo que es preciso un estudio de las particularidades de las prisiones y de cómo adaptar la ley a ellas, pero urge ya. Trabajamos sin seguridad jurídica y pueden producirse situaciones indeseables. Debemos garantizar los derechos de internos y trabajadores y la seguridad de todos en prisiones», insiste.