La ‘ley Celaá’ permitirá a las autonomías imponer en las aulas lenguas no oficiales como el bable

La nueva ley de Isabel Celaá avala la enseñanza de las lenguas no oficiales de las comunidades autónomas, que gocen de reconocimiento legal

Sánchez financiará las lenguas no oficiales e incluirá su estudio en los colegios

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la reforma que prepara la ministra Isabel Celaá, al que ha tenido acceso OKDIARIO, no se detiene en el impulso a las lenguas co-oficiales en el currículo educativo. Además, y pese a la polémica que genera este asunto, el Ministerio está dispuesto a avalar la enseñanza de las lenguas no oficiales de las comunidades autónomas que gocen de reconocimiento legal.

La intención del Gobierno socialista, que avanzó OKDIARIO, ya se plasmó en una proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados, para el ‘reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística en España’.

En el texto, el PSOE planteaba no solo fomentar las lenguas oficiales que conviven con el español -catalán, vascuence, gallego y valenciano- sino las no oficiales, entre las que se encuentra, por ejemplo, el bable.

"La población española debe ser consciente de la trascendencia que puede tener ser también competente en las lenguas no solo de la propia comunidad donde vive sino del conjunto de comunidades de España hacia donde puede trasladarse a vivir, trabajar, estudiar, comerciar, etc.", argumentaban los socialistas.

En la iniciativa se recogían toda una batería de medidas para desarrollar esos planes de "protección, arraigo y divulgación" de las lenguas, con "líneas de ayuda para proyectos destinados a que dichas lenguas puedan ser estudiadas, descritas y codificadas", así como para aquellos que promuevan "su presencia en el mercado digital, audiovisual y editorial". Según el PSOE, el Gobierno -entonces de Mariano Rajoy- habría de impulsar las "medidas necesarias" para "favorecer el aprendizaje de las lenguas no oficiales" en "todas las etapas y especialmente las ordinarias, del sistema educativo español".

Ahora, esa intención sería plasmada en el nuevo texto legal. En concreto, el cambio fundamental aparece en la disposición adicional 38º relativa a la ‘Lengua castellana, lenguas co-oficiales y lenguas que gocen de protección legal’. 

"Podrán ofrecer lenguas no oficiales"

En el nuevo redactado, se recoge que "aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora". Un texto que avala la implantación de estas lenguas en las respectivas comunidades autónomas, pese a las opiniones en contra que genera este asunto.

Una medida polémica que se añade a la capacidad que, con la nueva ley, tendrán las comunidades autónomas para determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles en su lengua co-oficial, lo que resulta especialmente controvertido en el caso de Cataluña.

Es decir, el proyecto de Celaá elimina de la disposición mencionada la obligación -fijada por la Justicia- de impartir las clases en castellano en una "proporción razonable". 

Ésta es la diferencia fundamental: en el nuevo texto, se indica que "las administraciones educativas (es decir, las comunidades autónomas) fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua co-oficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes".

La actual ley, aprobada por el Partido Popular, establece que "las administraciones educativas determinarán la proporción razonable de la lengua castellana y la lengua co-oficial en estos sistemas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes".

La LOMCE añadía que "la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable".

La ley de Isabel Celaá recoge además que las comunidades autónomas promoverán "la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas co-oficiales, en el grado requerido". "Asimismo impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas".

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