Celaá fulmina el poder de la Alta Inspección para velar por la enseñanza en español en toda España

La nueva ley de Educación, conocida como ‘ley Celaá’, que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros, fulmina, entre otras cosas, el poder del Estado para asegurar el derecho de los niños a recibir la enseñanza en castellano.

El texto de la llamada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) se presentó ya en el Congreso en febrero del año pasado, pero la tramitación parlamentaria quedó truncada por la convocatoria de elecciones. Ahora se retoma en toda su esencia. Y entre sus elementos más polémicos está la incertidumbre que supone para la enseñanza en español en las Comunidades Autónomas gobernadas por el independentismo o con una influencia determinante de los nacionalistas. En definitiva: serán los gobiernos de esas Comunidades -léase Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana- los que determinen que los alumnos reciban o no enseñanza en castellano.

La ley se limita a señalar que «al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente».

En este contexto, se reconoce que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable», pero serán las «Administraciones educativas» correspondientes las encargadas de «garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».

Del mismo modo, serán esas mismas Administraciones las que aplicarán «los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido». Y esos mismos gobiernos -en Cataluña, por ejemplo, en manos de Quim Torra; o con los nacionalistas cómplices con el PSOE en la Comunidad Valenciana o Baleares- serán los encargados también, en su caso, de «impulsar la adopción, por parte de los centros, de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas». La ley abre además la puerta a que en aquellas comunidades en las que existan lenguas no oficiales «que gocen de protección legal» se ofrezcan dentro del sistema educativo, como ocurriría, por ejemplo, con el bable.

Desprotección del español

Este martes, la ministra Celaá ha dejado claro que «no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que entran a salvaguardar las normas». Es decir, en la práctica, la nueva ley deja en una total desprotección hacia los alumnos que quieran estudiar en español y también para hacer frente al adoctrinamiento a través del material educativo.

En este contexto, la ‘ley Celaá’ sólo acoge, en una vaga referencia, que al Gobierno le corresponde la Alta Inspección, conforme al artículo 149 de la Constitución. Es decir, para la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia». El artículo 27 de la Constitución alberga el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

El argumento del Gobierno socialcomunista es la nula injerencia en asuntos que, considera, corresponden a la Administración autonómica y, por tanto, a sus respectivos servicios de inspección. Algo que, en el caso del independentismo y el nacionalismo, no deja de resultar problemático. Ese mismo pretexto lo esgrimió por ejemplo frente a las críticas por su inacción frente al adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña.

Celaá, con ese argumento, prescinde por ejemplo de lo que decía la Ley Orgánica de Educación (LOE), que, específicamente citaba entre las competencias de la Alta Inspección «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como sus derechos lingüísticos».