La ‘Ley Celaá’ faculta al separatismo para la purga de profesores por «falta de condiciones para el puesto»

Además de la eliminación del español como lengua vehicular, o del ataque a la concertada y a la educación especial, la ‘Ley Celaá’ incorpora otro punto polémico. La disposición adicional cuadragésima octava establece que «los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado». La «remoción», se añade, «ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa».

La ‘Ley Celaá’ no precisa cuándo se considerará que un docente no reúne las «condiciones» para su puesto, algo que tendrá que ser determinado por las correspondientes comunidades autónomas. Aunque la intención de la norma puede ser positiva para la mejora de la calidad educativa o la flexibilización de trámites para apartar a profesores no aptos, abre al mismo tiempo la puerta a un uso perverso de la misma. Especialmente, en lo que al separatismo se refiere.

No son pocos los casos conocidos de profesores acosados por expresar sus opiniones contrarias a las tesis independentistas o por impartir clases en español. Y, en este contexto, la imprecisión de la ministra Isabel Celaá, y el hecho de que se haga depender de las comunidades autónomas plantea incertidumbres y temores en la comunidad educativa. Cabe recordar, asimismo, que la ley elimina además el examen de oposición al cuerpo de inspectores de educación, lo que, según los sindicatos, abre la puerta a los gobiernos autonómicos a nombrarlos ‘a dedo’ y según su conveniencia ideológica, lo que provocará que la escuela esté condicionada por presiones políticas. 

Aprobada cuanto antes

La ley superó la pasada semana el primer trámite en el Congreso, por la mínima. Un sólo voto por encima de la mayoría absoluta. La apoyaron Más País, Compromís, Nueva Canaria, ERC y PNV, mientras que Bildu, BNG, Teruel Existe y la CUP se abstuvieron y PP, Cs, Vox, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el PRC, votaron en contra.

El texto deberá superar ahora el trámite en el Senado. Está previsto que este miércoles se publique el proyecto de ley y será a partir de ahí cuando se abra el plazo de enmiendas. Los nacionalistas vascos ya han avanzado que «casi con total seguridad» presentarán sus propuestas con el objetivo de defender el sistema educativo vasco y sus competencias.

En cualquier caso, la intención del Gobierno es que la ley esté aprobada cuanto antes (previsiblemente en febrero), para lo que no descartan pedir que la Cámara Alta habilite el mes de enero para continuar con su tramitación.

La Ley Celaá ha provocado sonoras polémicas. Desde la supresión del español como lengua vehicular, introducida para conseguir el respaldo de ERC, hasta el ataque a la educación especial. La intención es que todos los centros escolares lleguen a ofrecer plazas para alumnos con este tipo de necesidades, en un intento por eliminar los colegios especiales.

Por otro lado, se prohíbe la segregación por sexos en las escuelas que reciben fondos públicos, y la educación concertada verá reducidas sus aportaciones, ya que no estarán permitidas aquellas que realizan los padres a las fundaciones o donaciones voluntarias y que son una fuente de financiación de algunas escuelas concertadas.

Los alumnos, además, podrán pasar de curso con asignaturas suspensas cuando los docentes consideren oportuno.

Protestas en las calles

El pasado domingo, miles de familias españolas se manifestaron en distintos puntos de la geografía nacional para protestar contra una ley que nace sin el consenso mínimo para permanecer en el tiempo. Más de 5.000 vehículos acudieron a la manifestación convocada por la asociación Más Plurales que tuvo lugar en Madrid.

Entre gritos de «¡Libertad, libertad!» y bajo el lema «Por el derecho a elegir la educación que queremos», los manifestantes se movilizaron con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.

El manifiesto pidió la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo, con especial hincapié en la importancia de que exista la posibilidad de elegir. «Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia», se proclamó en las distintas manifestaciones.