Un juzgado admite la querella contra la ex consejera Alba Vergés por dilatar la vacunación a la Guardia Civil

El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) contra la ex consejera catalana de Salud Alba Vergés (ERC), por su negativa a vacunar al mismo ritmo contra el Covid-19 a los miembros de la Guardia Civil destinados en Cataluña y el resto de cuerpos policiales catalanes: Mossos d´Esquadra y Policía Local.

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tuvo que instar al mismo Departamento de Salud de la Generalitat, el pasado mes de abril, para que, “sin excusa alguna, garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación contra el coronavirus de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña” se argumentaba.

De esta manera, el propio fallo daba un plazo de 10 días para la vacunación de los policías y los guardias civiles. Es más, incluía que la vacunación debía de alcanzar la misma proporción que los vacunados en el cuerpo de los Mossos d`Esquadra.

Uno de los principales argumentos que se daba para adoptar estas medidas urgentes es que se podría dar un “peligro de mora procesal, en la medida en que el bien a proteger (la salud y la vida de los agentes concernidos) puede verse perjudicado de forma irreparable o difícilmente reparable de no accederse a la medida cautelar”.

De esta manera, el juez Hugo Novales Bilbao tras haber dado apertura de diligencias previas, ha dado traslado de la querella al Ministerio Fiscal. Por otra parte, también ha librado un oficio al juez titular del juzgado número 17 donde había abierta otra causa similar, para deliberar si cabe la unificación de esta investigación.

En un comunicado este jueves, la APROGC ha asegurado que esta circunstancia no devolverá a las autoridades destinadas en Cataluña aquello «que han perdido como consecuencia» del Covid-19, pero sí que, a su parecer, reparará el daño moral y se depurarán responsabilidades.

La entonces titular de la Consejería de Salud Alba Vergés criticó la «judicialización» de la vacunación en Cataluña después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligase a la Generalitat a vacunar a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por considerarles esenciales y para equiparar el ritmo de vacunación de estos cuerpos al de los Mossos d’Esquadra.

«Este hecho pudo contribuir a que varios de nuestros compañeros contrajeran esta enfermedad, creando numerosos perjuicios no sólo personales, sino también profesionales a muchos de ellos», han sostenido desde APROGC sobre la priorización del proceso de vacunación en Cataluña.

El auto estipula que contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación de cinco días, sin prejuicio de poder formular potestativamente recurso de reforma en el plazo de tres días.

Plazo para la vacunación 

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tuvieron que soportar como el ritmo de vacunación era mucho menor en esta comunidad a sus efectivos que a los cuerpos policiales catalanes. Los porcentajes de vacunación era  demoledores puesto que el 77% de los efectivos de los Mossos d´Esquadra habían sido vacunados así como el 68,9% de los policías locales y el 77,9% de la Guardia Urbana de Barcelona. Por el contrario, el 3,6% y el 2,8% de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente, habían sido vacunados en Cataluña.

Todas las asociaciones denunciaron públicamente la situación de abandono de sus compañeros y manifestaron que instaban «al  Ministerio de Sanidad a que tome cartas en el asunto y proceda a elaborar un protocolo de vacunas para policías y guardias civiles destinados en Cataluña”.

Desde la Confederación Española de Policías advirtieron también en aquellos duros meses que “se ha reconocido de plano la marginalidad a la que nos tiene sometidos la Generalitat. Ha sido un nuevo intento de marginar a todo lo que representa a España en Cataluña” señalaron.