Junts anuncia que Puigdemont volverá a España en julio y avisa: «Ahora vamos a por la autodeterminación»

Junts está exultante tras el acuerdo para la amnistía que ha arrancado al PSOE a cambio de los 7 votos que el partido de Carles Puigdemont concedió a Pedro Sánchez para su investidura. El secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, calcula que Puigdemont volverá a España en julio, será el candidato del partido a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio y ha dejado un aviso: «Ahora vamos a por la autodeterminación».

El número dos de Junts ha expresado que «el objetivo es conseguir la independencia» y que ese fin «sigue tan vivo» como en el día del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Además, el dirigente posconvergente ha declarado que «la ley no soluciona el conflicto político entre Cataluña y el Estado». Una afirmación que choca con las palabras que este mismo jueves ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El político socialista ha manifestado que con esta norma «se cierra una etapa de enfrentamiento y tensión» y que permite «normalizar la vida política y social en Cataluña».

«La voluntad es que, si no lo ha expresado directamente en medios públicos, sí que nos lo ha expresado a nosotros, será el candidato», ha confesado Turull sobre el eurodiputado fugado a Bélgica.

El secretario general de Junts ha manifestado que «si no hay ningún infortunio», tanto Puigdemont como sus compañeros de partido, Lluís Puig y Toni Comín, y Marta Rovira, secretaria general de ERC, volverán a España dos meses después de que entre en vigor la medida de gracia, lo que se traduciría en que la vuelta sea en julio.

Sobre la vuelta de Puigdemont, Turull ha exteriorizado que «aunque presenten recurso, estas medidas cautelares deben levantarse de inmediato. Y entonces será decisión del presidente si vuelve o no vuelve». «Si algún juez lo intenta impedir, estará prevaricando», ha advertido.

El político catalán se ha referido directamente al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami que investiga los altercados posteriores a la publicación de la sentencia de los líderes del procés.

«Todo el Tsunami quedará incluido, porque lo que dice García-Castellón no se acoge a lo que la legislación europea define como terrorismo. Las leyes no dicen que ir con un silbato a protestar sea terrorismo ambiental», ha manifestado Turull.

Además, se ha mostrado satisfecho con la redacción final, expresando que se han «tapado todas las vías de agua para reforzarla con enmiendas y modificaciones. A partir de ahora, el problema no será la ley». Por eso, cree que el Tribunal Constitucional no la declarará inconstitucional: «Estaremos en situación de Estatut 2.0, pero estoy convencido de que no la tumbará».

«No es un punto y final»

En la misma línea ha opinado ERC, que ha avisado de que el acuerdo de la Ley de Amnistía «no es un punto y final». De acuerdo con la diputada de ERC Teresa Jordá la medida de gracia «ayuda con la segunda fase de negociación del conflicto político» en Cataluña.

Para los republicanos, esto tampoco significa que vayan a pactar los Presupuestos Generales del Estado. «Nos permite, evidentemente, negociar», ha sostenido en relación con los gastos, así como de cara a una futura negociación política.

Junts también coincide con ERC en esta posición y afirma que «la amnistía era investidura». Turull ha apuntado que ya han «cumplido la investidura y ahora ya hay amnistía. Ahora comenzaremos el tema de los presupuestos. No hemos engañado a nadie», ha matizado el secretario general de Junts en una entrevista en Rac1.

El dirigente de los posconvergentes ha explicado que existe «un clima mucho más favorable» para las negociaciones posteriores, toda vez que se ha aprobado una Ley de Amnistía a voluntad de la cúpula del independentismo.

«Si no hubiera Ley de Amnistía, seguramente habría saltado todo por los aires. Pero la amnistía estaba en la investidura y nosotros hemos cumplido. Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno», ha subrayado Turull en relación con lo que Junts ha dado a cambio de la medida de gracia.

Unas declaraciones que Turull ha expresado para aclarar que las negociaciones por los Presupuestos Generales del Estado están «a cero», pero que se da un contexto adecuado.

En todo caso, el secretario general de Junts no ha querido adelantar cuáles serán las exigencias de su partido de cara a apoyar los Presupuestos para este ejercicio. Los posconvergentes sólo van a expresar sus exigencias cuando se dé un acuerdo o un desacuerdo.

«No haremos la carta a los reyes en público de lo que queremos que pase para que haya PGE. Lo sabe la vicepresidenta, con la que es cierto que ha habido contactos en este sentido. La gente quiere anuncios de acuerdos o desacuerdos», ha puntualizado Turull.

«Todas las personas amnistiadas»

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha transmitido este jueves ante la prensa, antes de la Comisión de Justicia, su felicidad por haber cerrado una Ley de Amnistía para «que todas las personas queden amnistiadas, todas».

El político socialista ha aclarado que ha sido en los «últimos días» cuando se ha logrado «desbloquear la ley de amnistía», ha señalado el dirigente socialista. «En los últimos días, se han intensificado» las negociaciones, al conocer «el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia» que, según Bolaños, «avala la amnistía». «Cuando conocimos ese borrador de dictamen se intensificaron esas conclusiones», ha puntualizado.

El titular de Justicia ha celebrado que «se cierra una etapa de enfrentamiento, tensión» que «protagonizaron una década en la que no ganó nadie». «Perdimos todos y Cataluña se quedó parada», ha matizado y ha expresado que ahora se abre una «etapa de diálogo, de acuerdos, se hará política dentro de las instituciones y de la Constitución».

Bolaños ha puesto en valor que esta se trata de una «gran noticia para Cataluña y para toda España» porque permite «normalizar la vida política y social en Cataluña». Además, ha detallado que la ley «no sólo va a beneficiar a ese centenar de personas que tiene una cuenta pendiente» tales como «policías, director de colegios». El ministro también defiende que se trata de una ley «que beneficia la convivencia y la reconciliación y se va a convertir en un referente internacional».