El juez de ‘Pegasus’ cerrará el caso si el pinchazo del CNI a Aragonés fue autorizado por el Supremo

El juez del caso Pegasus, en el que se investiga el presunto espionaje por parte del CNI al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, no abrirá juicio si las escuchas tuvieron autorización judicial. Fuentes consultadas explican que el instructor quiere conocer si las fechas de los pinchazos coinciden con las autorizadas por el juez de control del CNI, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas. Para comprobar estos datos, el juez encargará a la policía un informe que será clave para la investigación. 

El expediente del caso Pegasus continúa en los tribunales de Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona admitió a trámite la querella del presidente catalán en la que denunciaba que el CNI había infectado su teléfono móvil de forma fraudulenta y ha abierto una investigación. Pere Aragonés ratificó esta querella en sede judicial el pasado mes de diciembre atribuyendo el espionaje al CNI. 

El señalamiento a los servicios de inteligencia en la querella provocó la imputación de la persona que estaba al frente del CNI cuando ocurrieron las escuchas. Se trata de Paz Esteban, que admitió los hechos durante una comisión de investigación celebrada en el Congreso de los Diputados que le costó el cargo. Esteban testificó ante el juez del caso Pegasus y declaró durante su interrogatorio que las escuchas fueron autorizadas por el Tribunal Supremo. 

El juez del caso Pegasus también ha imputado a la empresa israelí encargada de comercializar el software espía. Su denominación social es NSO Group y su sede aparece en Luxemburgo. Sin embargo, pese a las comisiones rogatorias internacionales para encontrar a los responsables de la compañía imputada en el proceso, aún no se ha dado con sus titulares. No hay rastro de ellos por el momento, algo que complica la investigación puesto que, como Paz Esteban, deben sentarse ante el juez al estar imputados. Por el momento, se descartan nuevas imputaciones más allá de las que ya existen. 

Documentos desclasificados 

Al margen de la declaración del querellante y una de los imputados, el juez también ha ordenado la desclasificación de los documentos oficiales que avalaban estas escuchas. «Es una obligación moral desclasificar los documentos», sentenció Aragonés a su salida de los juzgados tras ratificar su querella.

El Gobierno se resistió en un primer momento a aportar esta información. Sin embargo, el mandato judicial obligó a su desclasificación. El Consejo de Ministros autorizó que se desvelaran estos documentos secretos, que fueron enviados al juez instructor. En concreto, fueron tan sólo tres autos plagados de borrones y tachones que poco han servido en la investigación, según fuentes consultadas. Los documentos fueron enviados sólo un día antes de que Paz Esteban declarará por videoconferencia como imputada. 

Previamente, estos documentos fueron mostrados en sede parlamentaria durante la comisión de investigación que se abrió en la Cámara Baja sobre el caso Pegasus. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pudo ver estos papeles secretos que contienen información sobre las escuchas a Aragonés.

Cómo se comercializó ‘Pegasus’

El juez también ha pedido al CNI que informe sobre cómo los servicios de inteligencia del Estado español comercializaron con Pegasus. El instructor quiere saber cómo se adquirió, cuánto costó y qué agentes estuvieron involucrados en la adquisición. El instructor ha solicitado al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia –cuyas reuniones se celebran en el complejo presidencial de La Moncloa– la desclasificación de informes reservados en torno a la adquisición de Pegasus.

«Qué concretas personas actuaron en nombre del CNI en los procesos de encargo, compra, recepción, solicitud de información, formación o soporte técnico, identificándolos con el máximo de datos de identidad y localización de que dispongan», señala el juez en el auto de admisión a trámite de la querella del presidente de la Generalitat de Cataluña al que ha tenido acceso este periódico.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, en caso de que las escuchas se hubieran realizado ajustadas a la ley y con autorización judicial la instrucción culminará con el archivo. Fuentes consultadas señalan que no se pedirá una nueva desclasificación y que los esfuerzos están centrados en comprobar si las fechas de los pinchazos coinciden con las autorizadas por el Tribunal Supremo. Si esto es así, el juez dará carpetazo a la investigación sin llevar a juicio la querella de Pere Aragonés.