El juez imputará a Fernández Díaz y a Cospedal por prevaricación y malversación en el espionaje a Bárcenas

El juez Manuel García-Castellón imputará a Jorge Fernández-Díaz, ex ministro del Interior, y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el caso Fondos Reservados por el espionaje al ex tesorero popular Luis Bárcenas, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes solventes.

Este viernes la Fiscalía Anticorrupción solicitó al instructor citar a Fernández-Díaz y a Cospedal por la presunta comisión de delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos en la pieza separada número 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen.

La imputación de la ex secretaria general del PP llevaba más de un año sobre la mesa de los fiscales y el juez. El magistrado que investiga una red a gran escala de espionaje y tráfico de información confidencial, que se mantuvo operativa durante dos décadas, no descartaba en 2019 citar a declarar a Cospedal. En esa lista de posibles citaciones también se encontraba el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Otro imputado

El ex secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 durante el mandato de Mariano Rajoy, Francisco Martínez Vázquez, también fue imputado a principios de año.

Esta imputación tuvo su origen en la declaración del comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que aseguró que seguía órdenes directas del ex secretario de Estado de Seguridad en el operativo policial diseñado para recuperar los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

OKDIARIO desveló en exclusiva el caso Fondos Reservados en noviembre de 2018. A raíz de estas publicaciones el juez Diego de Egea, entonces juez de apoyo de Manuel García-Castellón, abrió una pieza separada en el caso Tándem en el que el principal investigado es el comisario José Manuel Villarejo.

Tal y como adelantó este periódico, Martínez aprobó el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas. Y el comisario José Villarejo fue el que se los entregó. El Ministerio de Jorge Fernández Díaz dio orden de que el chófer del ex tesorero recuperara documentos comprometedores de tres altos cargos del PP: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

El mecanismo de control de esos fondos exigía una firma de aprobación, y esa firma fue la del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien firmó bajo el concepto de «confidente», tal y como reconocieron a OKDIARIO el entorno del ex secretario de Seguridad. Y es que, a efectos de su departamento, el chófer de Luis Bárcenas figuraba como un confidente, algo que habilitaba el pago con fondos reservados.

Hace unos meses, tras la imputación de Martínez, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional registró la casa del ex número 2 de Fernández-Díaz e incautó abundante documentación entre los que se encontraban mensajes intercambiados con el ex ministro del Interior. Tan sólo unos meses después los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa han solicitado al juez la imputación de Jorge Fernández Díaz y de Dolores de Cospedal, y el instructor aceptará dicha petición según ha podido saber este periódico.

Espionaje a Bárcenas

OKDIARIO desveló en diciembre de 2018 que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015.

Para ello, pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de Luis Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del PP. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.

También sobornaron al chófer del ex tesorero popular, Sergio Ríos, quien realizó una labor de confidente y por la que recibió 2.000 euros netos mensuales durante dos años. En total, el topo cobró 48.000 euros por su papel como infiltrado y fue premiado con el ingreso en la academia de la Policía Nacional y la consiguiente entrega de una plaza en la escala básica.