Operación Kitchen

El juez abre juicio oral por ‘Kitchen’ y sienta en el banquillo a Fernández Díaz, Martínez y Villarejo

El juez también manda al banquillo al ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas

La Fiscalía pide 19 años de cárcel para Villarejo y 15 para Fernández Díaz

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado la apertura de juicio de Kitchen,  en el que se investiga el operativo policial montado para espiar al entonces tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle información sensible del partido. El magistrado ha sentado en el banquillo al comisario José Manuel Villarejo, al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al ex jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, entre otros mandos policiales.

En un auto, el magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.

El auto de apertura de juicio oral incluye todos los delitos planteados por las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y la familia Bárcenas) en sus respectivos escritos y que incluyen diversos delitos como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.

‘Caso Villarejo’

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.

En relación con la responsabilidad civil del PP solicitada por el PSOE, recuerda que hasta este momento, en esta pieza del caso Tándem, no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Supremo, resulta extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad, «apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil».

Juicio de la Kitchen

Además de al ex ministro Jorge Fernández Díaz, el juez de Kitchen envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al ex director adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación antes del juicio de la Kitchen o que renuncie al mismo,

La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

Espionaje a Bárcenas

OKDIARIO destapó hace casi cinco años, en noviembre de 2018, la denominada Operación Kitchen, puesta en marcha por el Ministerio de Interior para arrebatar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas los documentos comprometedores que poseía sobre las finanzas del partido, con el fin de evitar que llegaran a manos del juez.

El Ministerio que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz primero pagó con fondos reservados al chófer de Bárcenas y luego organizó el secuestro de su familia, utilizando a un delincuente con numerosos antecedentes penales, que irrumpió en el domicilio del ex tesorero del PP presentándose como un falso cura.

El chófer de Bárcenas

OKDIARIO desveló que Interior pagó durante dos años (en 2013 y 2014) un sobresueldo de 2.000 euros al mes al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con dinero de los fondos reservados, para que actuara como topo.

El objetivo de esta operación era que Sergio Ríos informara a Interior de todos los movimientos del ex tesorero, se ganara la confianza de su familia y averiguara el paradero de los documentos confidenciales que podían resultar especialmente comprometedores para la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el vicesecretario general del PP Javier Arenas y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

El comisario José Villarejo se encargaba personalmente de pagar los 2.000 euros en metálico cada mes al chófer de Bárcenas, que le informaba de los movimientos del tesorero. Tras la detención de Villarejo, en noviembre de 2017, la Policía halló en el domicilio del comisario jubilado los recibí que Sergio Ríos firmaba al entregarle el dinero y la grabación de conversaciones con varios mandos policiales, que acreditan estos hechos. Villarejo había recibido instrucciones de destruir estos documentos pero, muy previsor, los conservó para blindarse.

Al día siguiente, 9 de noviembre de 2019, OKDIARIO desveló que, una vez cumplida esta misión, el Ministerio de Interior agradeció al chófer los servicios prestados facilitando su ingreso en la Academia de Policía de Ávila, pese a ser el penúltimo de los 254 alumnos de su promoción. Sergio Ríos comenzó a formarse como Policía con 40 años, cuando la edad media del resto de aspirantes es de 25.

Sergio Ríos entró en la Academia de Ávila en 2015. Según sus profesores, era «el alumno más torpe». Luego completó sus prácticas en La Línea de la Concepción (Cádiz) y en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, antes de incorporarse a su destino en la Policía en el Transporte (la antigua Brigada Móvil).

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