Maza: «La posibilidad de que se pida prisión para Puigdemont por malversación está abierta»
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha planteado este lunes que, hasta el momento, a la Fiscalía no le ha parecido «oportuno» pedir la detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un delito de malversación, si bien ha admitido que es una posibilidad que queda «abierta».
Maza, en declaraciones a Onda Cero, ha recalcado que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).
Y ha explicado que, al estar tipificado el delito de malversación con pena de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención.
«Pero eso no quiere decir que se pida o no», ha matizado el fiscal general, quien ha explicado que «de momento» no se ha considerado «oportuno» reclamar esa detención y ha admitido que «esa es una decisión que siempre queda ahí abierta».
«Nos esforzamos por no ser desproporcionados»
El fiscal general también ha sido preguntado por las quejas sobre una posible desproporción en la respuesta al desafío soberanista, una hipótesis que ha descartado.
«Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento», ha subrayado.
Maza ha opinado que lo que ha ocurrido hasta el momento en las movilizaciones ciudadanas son hechos de «enorme gravedad», un intento de separar parte del territorio nacional del resto con unos medios «por lo menos tumultuarios».
Por ello, la Fiscalía ha denunciado un posible delito de sedición, tratando de actuar con proporcionalidad, pues la diferencia entre ese delito y el de rebelión está en el nivel de violencia que se utilice.
«Si Trapero desobedece habrá consecuencias»
José Manuel Maza ha asegurado este lunes que resulta «de lo más obvio» que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan que coordinarse para actuar ante el referéndum del 1 de octubre y asegura que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero «tendrá consecuencias legales» si no lo cumple.
Maza ha explicado que «es fácil de entender que el 1-O tiene que estar preparado algún plan ante la eventualidad de que pueda haber una existencia de urnas» y para ello «es de lo más obvio que tiene que haber un plan coordinado». «Si el señor Trapero no quiere cumplir esto, que es un mandato legal, tendrá consecuencias legales», ha señalado.
En este sentido, el fiscal ha recordado que la legalidad ampara en distintos supuestos que sean los jefes de las fuerzas de ámbito nacional quienes se ocupen de la organización de la actuación conjunta: «La otra opción es que cada uno actúe por libre», ha ironizado y ha añadido que confía en que Trapero sea «razonable».
Así, preguntado por la causa que ha llevado a coordinar la actuación de los distintos cuerpos, Maza se ha mostrado firme: «La ley no permite elegir, está contemplado lo que he dicho, entonces no es consecuencia, ni mucho menos, de la actitud de los Mossos, sino de la ley», ha sentenciado.
«La Fiscalía llega donde puede»
Por otro lado, el fiscal general se ha justificado ante una supuesta escasa actuación durante los altercados en Barcelona, alegando que las «cuestiones de orden público corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y está en su mano decidir sobre la cantidad de agentes o las medidas de seguridad que se tienen que enviar en cada ocasión.
Asimismo ha llamado a mirar «con objetividad» las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno, negando que se les hayan ido «de las manos»: «No puede considerarse desproporcional, al revés, estamos esforzándonos por no ir más allá de lo que la ley nos permite», ha asegurado.
Por último, ha afirmado que «se puede discrepar y cambiar las normas, pero por medios legales», mientras reconocía que los artículos del Código Penal que se están utilizando son «antiguos» pero «en sustancia totalmente oficiales».