Posible delito de homicidio imprudente

Los investigadores creen que el padre de Julen cambió su declaración para proteger al dueño de la finca

El instituto armado, que ha recibido el encargo como policía judicial por parte de la magistrada titular del juzgado 9 de Málaga de investigar el caso, sospecha que José Roselló podría estar encubriendo al propietario de la finca

Julen
Los padres de Julen en una imagen de archivo (Foto: EFE).

Tanto la juez del número 9 de Málaga como la Guardia Civil tienen claro que la muerte del pequeño Julen puede ser constitutiva de un delito de homicidio imprudente. Aunque inicialmente las pesquisas señalaban tanto al pocero que construyó el pozo como al propietario de la finca, juez e investigadores centran ahora su labor en esclarecer qué es verdad y qué no de la declaración del propietario de la finca donde murió Julen y que es primo del padre, por si se le debe imputar un delito de homicidio imprudente. A los investigadores hay cosas de su declaración que no les cuadra, como tampoco ven claras algunas de las afirmaciones del padre del pequeño, José.

Los agentes que investigan la muerte de Julen, que están dedicando importantes efectivos y esfuerzos para encauzar cuanto antes las posibles responsabilidades y causas del trágico accidente, creen que el padre del menor podría estar encubriendo a su primo para que no sea investigado penalmente por un delito de homicidio imprudente, penado con entre uno y cuatro años de cárcel, por la construcción ilegal del pozo y las obras sin permiso realizadas posteriormente en los aledaños donde el 13 de enero celebró una comida familiar sin tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los invitados.

Además, según fuentes conocedoras de las declaraciones de ambos, aunque inicialmente habían unificado algunos mensajes, en una declaración posterior ante los agentes dieron versiones distintas sobre algunas cosas entre el propietario de la finca y el padre de Julen. Esas contradicciones y las sospechas de que José Roselló estaría encubriendo a su primo, son las que llevan a la Guardia Civil y a la juez a centrar sus investigaciones en la comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de David.

Paralelamente a que aumenta la presión sobre el propietario de la finca, disminuye sobre el pocero que construyó el pozo. En la primera declaración ante la Policía se culparon mutuamente de haber hecho la obra sin permiso, pero según la Guardia Civil el constructor del pozo no tendría más responsabilidad que la de una sanción administrativa que partiría de los 6.000 euros y que, habiendo una muerte de por medio, podría aumentar considerablemente.

Además de las responsabilidades penales que se deriven de la investigación que está llevando la Guardia Civil, si los padres se personan en la causa también se abrirá un procedimiento civil que puede comportar el desembolso de una responsabilidad económica por parte de los que sean responsables civiles de la muerte del pequeño Julen Roselló.

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