Interior gastará 1,8 millones en «artificios lacrimógenos» para cargar en manifestaciones

El Ministerio de Interior ha sacado a licitación pública la adquisición de «artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil», según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). El valor total del contrato asciende a 1.815.000 euros, hasta 2021.

En su memoria justificativa, el Gobierno explica la «necesidad» del contrato en que «para cumplir con los objetivos de mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos, contemplado en el programa de gasto de seguridad ciudadana, es necesario dotar a los componentes de la Guardia Civil del material auxiliar suficiente para conseguir la operatividad y eficacia en el Servicio, garantizando así la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana».

«Entre dichos cometidos, se encuentra el mantenimiento del orden público en concentraciones de masas, así como la intervención en manifestaciones, reuniones, etc., siendo necesario a tal fin dotar a las distintas Unidades del Cuerpo que intervienen en esos actos del material antidisturbios eficaz, como son estos artificios lacrimógenos y fumígenos», añade.

Interior explica que el material se destinará al «mantenimiento del orden público en concentraciones de masas o reuniones»

El Gobierno alega que «los artificios lacrimógenos y fumígenos que se pretenden adquirir, son idóneos, para ser utilizados en el lanzamiento de medios antidisturbios, en grandes concentraciones de masas, y evitar, de este modo, la utilización de otros medios más lesivos».

Artificios potentes

La explicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez choca con la ferviente oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP en 2015 y recurrida por los socialistas ante el Constitucional.

Desde la oposición, el PSOE se mostraba especialmente crítico con las cargas policiales en las manifestaciones y avalaba la protección del derecho a la libertad de expresión de los manifestantes, limitando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

El Gobierno pretende adquirir 18.000 artificios lacrimógenos al año, que emitirán gas, como mínimo, durante 25 segundos

El contrato implica, en concreto, la compra de 18.000 artificios lacrimógenos y 7.000 fumígenos en 2019 y otros tantos en los dos años siguientes. En el pliego de prescripciones técnicas se explica, por ejemplo, que los artificios deberán «producir una concentración de gas que permita utilizar el mínimo número de unidades para obtener la acción disuasoria», es decir, serán de una alta potencia. El tiempo de emisión mínimo de gas será de 25 segundos y el alcance mínimo, de 65 metros.

Asimismo, entre otras pruebas, Interior obliga a las empresas a demostrar el «poder lacrimógeno y fumígeno» de su material, indicando que, en los ensayos, el sujeto «debe sufrir irritación de los tejidos oculares en un tiempo inferior a 10 segundos a partir del impacto de las pastillas con el suelo, con el lanzamiento de un solo artificio». En ese punto se precisa que «se considerará fallo la ausencia de irritación en el observador». El contrato valora también la «capacidad de ocultación» de los artificios.

A vueltas con la Ley de Seguridad Ciudadana

La Ley de Seguridad Ciudadana del PP ha sido uno de los argumentos recurrentes del PSOE en la oposición. Sin embargo, la postura del partido ha ido variando desde su completa derogación a posiciones más suaves.

En el reciente acuerdo de Presupuestos entre PSOE y Podemos, ambos partidos acuerdan revertir los artículos que, a su juicio, tenían por objetivo «desalentar la protesta social» y «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión».

Marlaska defiende que se suavice la protección a los agentes y admite que les saquen fotos si no pone en peligro su seguridad

Entre las medidas firmadas está, por ejemplo, que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y que la actuación policial tenga como guía «la dignidad de la persona y los derechos humanos».

Además, se obliga a los agentes a llevar siempre una identificación «claramente visible», y limita los registros corporales únicamente cuando existan «indicios concretos y comprobables», con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto.

El pacto contempla otras propuestas como ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar «en profundidad» los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e «introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan».

Indefensión de la Policía

Precisamente, este jueves, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que debe haber «razón justificada» para que los policías de servicio que sean grabados en la calle puedan tramitar una multa en base a la Ley de Seguridad Ciudadana.

El ministro ha defendido la instrucción dictada el 17 de octubre por la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha sido ampliamente rechazada por sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, entre otras cosas, considera que «la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes» no constituye infracción y que, para que sea así, será necesario «que se haga uso» de ese material de modo que «ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación».

Los sindicatos policiales han calificado la orden de «surrealista» porque les obliga a una «labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle». Según Marlaska, «no puede haber una prohibición absoluta si no hay razón justificada».

Actualmente, el Congreso debate las enmiendas a un proyecto de reforma de la ley, presentado por el PNV, trámite que los grupos aprovecharán para introducir sus precisiones. En otra ‘marcha atrás’, el Gobierno propondrá mantener en esta ley las devoluciones sumarias, aplazando la prohibición de esta práctica en las vallas de Ceuta y Melilla a un futuro debate en la Ley de Extranjería.