Interior deniega a un mosso víctima del terrorismo el paso a la Policía pese a que la ley le ampara

El Ministerio del Interior ha desoído las peticiones de un agente de los Mossos d’Esquadra, hijo de un herido en un atentado de ETA, para cambiarse a la Policía, pese a que la Ley de Víctimas del Terrorismo contempla preferencias laborales para el colectivo.

El agente es hijo de un policía que resultó herido en el atentado ocurrido, el 14 de septiembre de 1982, en Oyarun (Guipúzcoa), y en el que fueron asesinados otros cuatro compañeros. Uno más resultó también herido. El padre del mosso sufrió graves heridas por disparos en el brazo derecho, tórax, muslo y pierna izquierda.

Según especifica la ley, serán consideradas víctimas del terrorismo, tanto los afectados como sus familiares directos, es decir, cónyuge (o persona análoga) e hijos («familiares de los fallecidos y de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados, hasta el segundo grado de consanguinidad»).

Con objeto de facilitar la inserción laboral del colectivo y un trato preferente en los derechos laborales, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, asegura explícitamente la garantía de «movilidad geográfica y funcional» o  «la reordenación de los tiempos de trabajo» para las víctimas.

En concreto, en el reglamento que lo desarrolla, publicado en 2013, se contempla que las víctimas «para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral» tendrán derecho, entre otros, a la «movilidad geográfica» con el «derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo». En el caso de los empleados públicos se aseguran los mismos derechos.

En manos del Gobierno

La difícil interpretación aparece, en este caso, al tratarse de un agente de los Mossos d’Esquadra, cuya tutela corresponde a la Generalitat. El mosso, leal a la Constitución, lleva tiempo, como otros compañeros, reclamando el cambio de cuerpo por la difícil situación con la que tienen que convivir a las órdenes del independentismo. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos centrales siempre se han negado a atender esta reclamación.

No obstante, la Ley de Policía, de 2015, recoge la posibilidad de los mossos de cambiarse de cuerpo, un asunto que únicamente está pendiente de la aprobación de un reglamento que lo desarrolle. Un trámite, sencillo, que corresponde al Consejo de Ministros y que ha sido reiteradamente aplazado, pese a las promesas.

Dicha ley establece, en su disposición adicional cuarta, la posibilidad de que «los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia». El Ejecutivo, a través de dicho reglamento, únicamente tiene que fijar los «términos y condiciones» para dicho cambio.

En conversación con OKDIARIO, el agente -actualmente de baja psicológica- explica que en varias ocasiones, y especialmente desde la celebración del referéndum ilegal, trasladó su petición a la Dirección General de Víctimas del Terrorismo. «Siempre me han dado largas, hasta que la última vez, hace unos días, me dijeron, con estas palabras, que ‘en esta situación política no podemos hacer nada’».

Indignado, cuestiona así el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con las víctimas del terrorismo, una vez atestiguada también su pasividad hacia los mossos leales a la Constitución.

Como informó OKDIARIO, el departamento de Grande-Marlaska ha venido dando largas durante meses a las reclamaciones de los agentes que solicitan ‘pasarse’ a la Policía ante el crítico día a día que viven en Cataluña y por el agravio que les supone atender a órdenes contrarias a la legalidad.

Según explicaron a este diario, los agentes llevan meses esperando una reunión con la delegada del Gobierno en la comunidad, Teresa Cunillera. Un encuentro que, aseguran, solicitaron ya en junio, cuando fue nombrada para el puesto, pero sobre el que nunca recibieron respuesta.

Los mossos denuncian un afán puramente electoralista del Gobierno, interesado en no enfadar a los partidos independentistas de los que puede depender el futuro de Pedro Sánchez en La Moncloa.

El PSOE, según revelan, les trasladó en una conversación el temor del Ejecutivo a que un trasvase de agentes a la Policía y la Guardia Civil lleve a un escenario complejo en Cataluña: un cuerpo desbocado, compuesto exclusivamente por agentes partidarios de la independencia. “¿Si os váis los mossos que sois constitucionalistas quién se queda dentro?”, expresaron los socialistas. Una pregunta, interpretan los agentes, que “evidencia que están reconociendo que existe un problema mucho mayor que el hecho de que nosotros queramos cambiarnos a otro cuerpo policial” y que, precisamente, ese es su “miedo” para evitarlo.