Incredulidad en los juzgados con la Ley Bolaños: «Debemos duplicar cada juicio, doble de trabajo»

Una ola de incredulidad recorre los juzgados españoles tras la aprobación de la nueva reforma impulsada por el Ministro de Justicia, conocida como la Ley Bolaños. La modificación legal, que transforma significativamente la estructura judicial española, ha generado profunda preocupación entre los profesionales del sector. «Debemos duplicar cada juicio, con doble de trabajo y doble de señalamientos. Tenemos curiosidad sobre qué va a hacer cada Tribunal Superior de Justicia, porque la Fiscalía no emite ninguna circular orientativa», lamenta un alto cargo de la Justicia.

La Ley de Eficiencia Judicial introduce cambios estructurales profundos, sustituyendo el actual modelo unipersonal por un sistema de organización judicial colegiada con la creación de los Tribunales de Instancia. Estos tribunales estarán constituidos en cada partido judicial, integrando secciones especializadas en diversas materias penales.

Entre las novedades más controvertidas destaca la implementación de una «audiencia preliminar» en el procedimiento abreviado, que sustituye a las cuestiones previas. Esta nueva fase procesal, según varios jueces y fiscales consultados, podría duplicar la carga de trabajo en los juzgados ya saturados.

«La audiencia preliminar obliga a señalar una vista adicional antes del juicio oral donde debatiremos cuestiones que antes se resolvían directamente al inicio del juicio. Esto supone duplicar señalamientos, actas, citaciones y trámites», lamenta una fuente, que subraya que la situación ya roza el colapso. El sistema no quiebra gracias a los acuerdos de conformidad que evitan juicios.

La nueva audiencia preliminar, regulada en la LECrim modificada, constituye uno de los cambios más polémicos. A ella deberán asistir obligatoriamente el acusado y su abogado defensor, y se convocará a las partes para que «puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de conformidad, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión, nulidad de actuaciones y sobre las pruebas propuestas».

«Lo que antes solucionábamos al inicio del juicio oral ahora requerirá una vista separada, multiplicando la agenda judicial», insiste un letrado de la Administración de Justicia. «Con los actuales medios personales, esta reforma es inviable», agregan. La crítica eterna en los juzgados y tribunales es que con los mismos medios organizados de otra forma no se puede esperar que se acabe la lentitud de la Justicia, los profesionales dan de sí lo mismo.

Otro aspecto controvertido es que la nueva audiencia no se suspenderá por la incomparecencia injustificada del acusado debidamente citado ni de las demás partes, celebrándose igualmente «a efectos de sustanciar cuestiones que puedan resolverse en ausencia».

Otros cambios

La reforma del PSOE también amplía las competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, que ahora conocerán no solo de los delitos que ya tramitaban, sino también de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la víctima sea mujer. Como publicó OKDIARIO, el malestar también es máximo en ese punto.

La Ley Bolaños también modifica el régimen de conformidades tanto en el sumario ordinario como en el procedimiento abreviado, eliminando los límites penológicos y otorgando mayor protagonismo a las víctimas, que deberán ser oídas por el Ministerio Fiscal, aunque no estén personadas en la causa.

«La implementación de esta reforma exigiría un aumento significativo de recursos humanos y materiales que no se está contemplando», critica otro operador jurídico. «Sin estos medios adicionales, el resultado será una justicia aún más lenta y colapsada».

Fuentes pulsadas expresan su preocupación por el periodo transitorio, ya que las nuevas previsiones serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados tras la entrada en vigor de la ley, lo que podría generar confusión en la aplicación normativa. El plazo para aplicar estos cambios acaba ya y se baraja pedir prórrogas ante la evidencia de que es imposible cumplir esos tiempos tope.

El desconcierto con la Ley Bolaños es total. Funcionarios, abogados y procuradores se preguntan con incredulidad cómo se implementarán estos cambios sin aumentar los ya desbordados plazos de la justicia española. «Estamos esperando instrucciones claras. De momento, nos preparamos para un incremento sustancial de la carga administrativa», confiesa un letrado. La reforma tendrá que entrar en vigor sí o sí progresivamente, pero el sector judicial ya anticipa un periodo de transición complejo que podría agravar la situación de colapso que afecta a numerosos juzgados españoles.