Bolaños prepara un decretazo que le permitirá controlar el órgano «independiente» contra la corrupción

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, ya prepara el Estatuto de la llamada «Autoridad Independiente de Protección del Informante». Un órgano previsto en la ley que protege a los denunciantes de corrupción, que se aprobó el año pasado. Tras la dilación en poner en marcha esta figura, que se entiende fundamental para canalizar las denuncias por corrupción, el Ejecutivo pretende controlarla a través de su mismo sistema de elección.

Así, el proyecto de decreto -al que ha tenido acceso OKDIARIO- determina que el presidente o la presidenta de dicho organismo «será nombrado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por un periodo de cinco años no renovable, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados».

Será después el Congreso, a través de la comisión correspondiente, el que deberá «ratificar el nombramiento» por «acuerdo adoptado por mayoría absoluta». Es decir, el Gobierno podría sacarlo adelante con el apoyo de sus habituales socios parlamentarios.

Así, aunque en el artículo 10 del decreto que diseña ahora Bolaños se expresa la «independencia» de esta figura, lo cierto es que, en la práctica, el sistema de elección condicionará esa supuesta imparcialidad. La Autoridad de Protección del Informante, se dice también, «desempeñará su cargo con plena independencia y total objetividad, sin recibir instrucciones del Gobierno, de las entidades integrantes del sector público, de los poderes públicos o de cualquier entidad pública o privada en el ejercicio de sus funciones».

«Chiringuito»

El Congreso aprobó en febrero del año pasado la ley que regula la protección de las personas que denuncien casos de corrupción, en virtud de una directiva europea. Precisamente, el Partido Popular ya criticó entonces el riesgo de que la Autoridad independiente se convirtiese en un «chiringuito» para buscar acomodo a familiares, amigos o afines para hacer política partidista.

Además de decidir su nombramiento, el Ministerio de Justicia dispondrá de dos representantes en una comisión, de carácter consultivo, que también estará integrada por miembros de otros organismos, como el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, la Abogacía del Estado o la Agencia Tributaria.

Entre sus funciones, este organismo ejercerá como canal para recibir denuncias anónimas sobre posibles casos de corrupción. Cualquier persona podrá comunicar su información, a través de correo postal, medios electrónicos, teléfono o de forma presencial. La Autoridad «independiente» deberá dejar constancia de esa denuncia, bien con una grabación o transcripción de la conversación, e iniciar las actuaciones por parte de los funcionarios adscritos, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

La ley habilita a cualquier persona a presentar una denuncia anónima sobre cualquier hecho que pueda ser constitutivo de infracción penal o administrativa, tanto en el sector público como privado.