Iglesias y Montero intentaron mantener la escolta de Guardia Civil en su chalet: «Nos insultan por redes»

El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su pareja, la ex ministra de Igualdad Irene Montero, ya llevan unos meses sin la escolta de la Guardia Civil frente a su vivienda de Galapagar. La famosa garita. El anuncio por parte del Ministerio del Interior de la retirada del dispositivo que protegía el chalet de los Iglesias-Montero se rodeó de normalidad: ya habían transcurrido dos años desde que el ex vicepresidente dejó el cargo y los informes de evaluación de amenazas no aconsejaban seguir con el retén. Sin embargo, la pareja que sigue a los mandos de Podemos protestó: consideraban que aún había riesgo y pedían mantener la vigilancia. Alegaron que les siguen «insultado en redes».

Iglesias y Montero trataron así de mantener una de las prebendas de su cargo, el mantenimiento de una vigilancia perimetral por parte de la Guardia Civil en torno a su finca. La misma que en ciertos momentos, tal y como captó en exclusiva OKDIARIO, llegó a estar rodeada de medio centenar de agentes y miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil. Un operativo con tres suboficiales a cargo inédito en España en lo que se refiere al domicilio particular que no sea el de un presidente del Gobierno.

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes de Interior, la retirada de la vigilancia perimetral no fue bien recibida por la pareja. Alegaron, en un intento de evitar esa retirada, que su seguridad seguía en el punto de mira y que podría provocar la vuelta a Galapagar de personas críticas con sus posturas políticas. Pusieron como prueba las amenazas e insultos que ambos, dicen, siguen recibiendo a través de redes sociales. Sin embargo, la Guardia Civil e Interior entendieron que eso no era suficiente como justificar que se colocase una patrulla del Puesto de Galapagar a su servicio. Un despliegue con un coste económico nada desdeñable.

Una garita desde 2018

El Ministerio del Interior concedió a Iglesias y Montero estas medidas de protección en 2018, tras años reclamándolas. El secretario general de Podemos llevaba prácticamente desde que su partido irrumpió en la escena política preocupado por su seguridad y su falta de anonimato.

Durante la legislatura de Mariano Rajoy, desde el partido morado se trasladó en distintas ocasiones a Interior la preocupación por la seguridad de su líder, aunque el Ejecutivo descartó una situación de riesgo. Esas reclamaciones fueron atendidas desde el primer momento, sin embargo, por el departamento de Grande-Marlaska.

En octubre de 2018, y coincidiendo con la negociación de los Presupuestos Generales entre ambos partidos, Interior dio además la orden de reforzar la seguridad en torno al lujoso chalé, con una continua presencia de vehículos de patrulla y la garita.

Los GRS y las caceroladas

Desde que comenzasen las caceroladas por la gestión de la pandemia en todo Madrid, entrado ya el mes de mayo de 2020, la casa del ex vicepresidente segundo fue uno de los epicentros de estas protestas. No por su poder de convocatoria, que no solía superar el centenar de manifestantes, sino por lo simbólico del lugar, la residencia del líder de Podemos.

Desde el primer momento, Interior destinó un operativo de agentes de la Guardia Civil del puesto de Galapagar para proteger la vivienda. La orden fue directa del ministro Fernando Grande-Marlaska. Aquella situación generaba gran tensión entre los agentes, a quienes como comprobó OKDIARIO se les ordenaba «identificar a todo cristo».

Entre los agentes desplazados hasta Galapagar durante las misiones de vigilancia a la casa de Iglesias y Montero había miembros de una de las unidades de élite de la Guardia Civil, los Grupos de Reserva y Seguridad. Una decena de agentes, encuadrados en el grupo número 1 de esta unidad, fueron desplegados en la zona por orden de Interior.

Los GRS son expertos en control de multitudes, van equipados con un uniforme verde oscuro y una boina negra. Fueron las unidades que se desplegaron también en los pueblos de Cataluña contra el referéndum ilegal del 1-O en 2017.

Otra de las misiones encomendadas a los GRS es la protección de altas personalidades del Gobierno. Este verano el Ministerio del Interior les encargó formar el grueso del equipo de protección que veló por la seguridad del presidente Sánchez y su familia durante sus vacaciones en Doñana. Han participado en misiones internacionales.