Carolina Rojas, hija de un fallecido por coronavirus, ha solicitado personarse en la causa del 8-M como perjudicada por la «inacción del Gobierno» frente a la pandemia. Y ha pedido a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga si se cometió un delito de prevaricación al permitir la celebración del 8-M pese al riesgo elevado de contagio, cite como testigo al coronel purgado por Interior, Diego Pérez de los Cobos.

En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción Nº 51, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Carolina Rojas explica que su padre adoptivo, Fernando Ortiz, falleció a los 87 años el pasado 20 de marzo a causa del SARS-CoV-2. Sólo 12 días después de celebrarse en toda España más de 480 concentraciones que aglutinaron a más de 600.000 personas, según las cifras oficiales. Fernando, que vivía junto a su mujer en una residencia de ancianos, sólo permaneció tres días ingresado en el hospital Fundación Jiménez Díaz. Murió enseguida. Por ello, ha pedido personarse en la causa que busca dilucidar si el Gobierno pudo haber cometido un delito al permitir marchas y manifestaciones cuando la expansión del virus ya era una realidad imparable.

Carolina también ha solicitado a la juez que cite a declarar, en calidad de testigo, el coronel purgado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, Diego Pérez de los Cobos. Como  jefe de la Comandancia de Madrid, De los Cobos era el superior jerárquico de los agentes encuadrados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial en la que recayó el encargo de practicar diligencias sobre este asunto. El coronel fue destituido por el Ministerio del Interior después de que se negase a compartir información alguna de esta causa judicial secreta con sus superiores políticos: Grande-Marlaska y la directora General de la Guardia Civil, María Gámez.

Su madre piensa que está vivo

La tragedia familiar de Carolina no se detuvo con la muerte de su padre. Su madre Carmen, de 82 años, también se contagió por la Covid-19. Vivía en la misma residencia que su marido y compartía habitación con él. Pero ella ha podido superarlo, aunque permanece aislada, sin contacto con el exterior.

Carmen cree que su marido sigue vivo, por el momento nadie ha podido comunicarle que ha fallecido. Ahora Carolina quiere luchar por la memoria de su padre. Y lo hará en los juzgados, por ello ha pedido la personación en calidad de perjudicada en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

La juez ha citado a declarar como imputado a José Manuel Franco que deberá acudir el próximo 10 de junio para explicar por qué permitió concentraciones en Madrid el 8 de marzo a sabiendas, presuntamente, del posible riesgo que conllevaba. Los últimos informes aportadas a la causa, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, revelan que «el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia».

Además, se ha incorporado un atestado donde recalca que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, elaboró un informe técnico sobre la gravedad de la enfermedad el 10 de febrero y, por tanto, era conocedor en profundidad y al detalle, muchas de las características del nuevo coronavirus.

El próximo 11 de junio ha citado también a ocho testigo. Cinco de ellos funcionarios de la delegación del Gobierno: José Luis Sánchez García, Ignacio Ortiz Salazar, María Lourdes Andrés Andrés, María Elena García Díaz y Ramez Muhzrram Rey.

«Rigurosa reserva»

La juez ordenó a los agentes «guardar rigurosa reserva» sobre la instrucción encomendada, y que sólo se le informara a ella de las pesquisas. Advirtió que la infracción de dicho deber podía dar lugar a responsabilidades penales. Se da la circunstancia de que estas investigaciones afectan al Gobierno del que dependen los agentes, razón por la cual la magistrada solicitó un mayor compromiso.

La magistrada Rodríguez-Medel aseguró que investigaría a Interior si el cese de Pérez de los Cobos fue por incumplir una orden que ella dio. Este martes se ha conocido el escrito firmado por María Gámez, directora general de la Guardia Civil, que señalaba que la decisión de la revocación se tomó «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

Ahora, Carolina solicita a la juez que tome parte en el asunto ya que ha quedado demostrado que se cometió un delito de prevaricación y obstrucción a la Justicia –apunta– en la destitución del coronel al frente de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigan la ‘Operación Sanitario’, como se denomina la causa del 8-M.