Griñán en su casa, pero pena de cárcel y despido para una funcionaria por 384 euros

El ex presidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán es el único condenado por los ERE que sigue en su casa, eludiendo el ingreso en prisión. Griñán ha logrado que la Audiencia Provincial de Sevilla haya decidido esperar a que éste termine su tratamiento de radioterapia para volver a analizar si debe o no entrar en prisión. Esta situación contrasta con la de otros condenados por delitos menores de malversación o de fraude, como el caso de una funcionaria extremeña que cobró indebidamente 384 euros entre febrero de 2017 y marzo de 2019 y ha sido condenada a 10 meses de cárcel tras llegar a un acuerdo de conformidad con el fiscal.

El pasado 30 de marzo el Ministerio del Interior publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la pérdida de condición de funcionaria de Raquel C.F. de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. El motivo era una sentencia de 11 de octubre de 2022 por la que se condenaba a la mujer por un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concreto por haber cobrado indebidamente 384 euros en las oficinas del DNI de Plasencia (Cáceres). La condena de 23 meses que pedía la Fiscalía tampoco habría provocado su entrada en prisión porque no tenía antecedentes penales, pero si después de esto fuese condenada por, por ejemplo, un delito vial menor a más de 13 meses y medio de prisión tendría que entrar en la cárcel.

Tras una negociación de meses con el Gobierno los independentistas catalanes de ERC consiguieron que se reformase el Código Penal y la pena mínima por malversación pasara de seis años a dos años de prisión. El nuevo redactado entró en vigor el pasado mes de enero y crea dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años. Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado», sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Sin embargo, la funcionaria extremeña no tuvo mucho margen de negociación porque su condena es anterior a la reforma de este delito y tuvo que aceptar un pacto con la Fiscalía, declararse culpable de un delito de malversación continuada y firmar una pena de diez meses y 15 días de cárcel, además de dos años de inhabilitación. El fiscal pedía 23 meses de prisión para ella. Griñán fue condenado por el Supremo a seis años de cárcel.

Según la sentencia de Raquel, dictada por el Juzgado número 3 de Plasencia, la funcionaria, entre febrero de 201 y marzo de 2019, cobró tasas indebidas al tramitar la expedición del DNI, que era gratuito y cuando tenía que cobrar esas tasas por renovación del documento no lo registraba en la aplicación informática y se quedaba el dinero «con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», según la acusación de la Fiscalía. Un «beneficio» de algo menos de 400 euros en dos años.

Además, la mujer fue condenada a indemnizar a la Dirección General de la Policía (DGP) en concepto de responsabilidad civil con 192 euros y con 12 euros a cinco de los afectados por esta malversación, los usuarios que fueron a renovar el DNI. Raquel también tendrá que pagar una multa de tres euros al día durante ocho meses y una suspensión de empleo público durante dos años y seis meses.

En total, todas las multas le saldrán a la funcionaria por unos 1.900 euros y dos años apartada de la función pública. Mientras otros agotan todas las vías e incluso acuden hasta el Supremo, Raquel, la funcionaria extremeña, dio por buena su condena, Griñan no y todavía no ha ingresado en la cárcel.