González Amador pide al juez declarar y que se suspenda la ampliación de su investigación que pidió la izquierda

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid solicitando la suspensión de la pieza separada que ampliaba los delitos de su investigación a petición del PSOE y Más Madrid. La defensa de Alberto González Amador argumenta que existe una incompatibilidad jurídica y solicita declarar ante el juez. Así lo exponen en un escrito fechado a este lunes de 3 de marzo, al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, tras conocerse la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que avala que se amplíe la investigación. 

La defensa de Alberto González Amador detalla que es «incompatible la existencia de delito fiscal alguno con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención S.L. sean fruto de una actividad delictiva». Explican que, de acuerdo con la consolidada doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, «los ingresos con origen delictivo objeto del proceso penal no deben dar lugar a su tributación». 

La defensa de González Amador desarrolla su argumentación con detalle, presentando cifras concretas que sustentan su tesis. Según exponen, si se detraen los ingresos procedentes de Quirón Prevención, que según las actuaciones inspectoras ascendieron a 275.273,83 euros en 2020 y 722.180,00 euros en 2021, las cuotas tributarias resultantes quedarían muy por debajo del umbral legal para considerarse delito fiscal.

«Teniendo en cuenta que las liquidaciones que se practican del Impuesto de Sociedades lo son con un tipo del 25 %, las cuotas a eliminar asociadas a esos ingresos serían: en el año 2020 de 68.818,46 € y en el año 2021 de 180.545,00 euros», explican en el escrito recogido por este periódico. A partir de estos cálculos, y considerando que las cuotas inicialmente liquidadas eran de 155.000  euros para 2020 y 195.951,41 euros para 2021, el resultado final estaría por debajo del límite legal.

«El resultante de la consideración de los hechos de la pieza separada no alcanzaría condición objetiva de tipicidad requerida por el art. 305 CP», sostiene la defensa de Alberto González Amador, que cuantifica las cuotas resultantes en 86.181,54 euros para 2020 y 15.406,41 euros para 2021, muy por debajo de los 120.000 euros que exige el Código Penal para considerar la existencia de un delito fiscal.

Declaración ante el juez

Tal y como aseguraron en la última citación ante el juez, la defensa de Alberto González Amador pediría su comparecencia una vez se hubieran resuelto los recursos pendientes en otras instancias. Solicitan así poder declarar «con el fin de clarificar cualquier extremo relacionado con la misma, en los términos del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid».

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO explican que la estrategia de la defensa se basa en un principio básico del derecho tributario: no se puede exigir tributación por ingresos de origen ilícito. Si el juzgado acepta investigar el posible origen delictivo de los fondos recibidos de Quirón Prevención, automáticamente estaría reconociendo que dichos ingresos no deberían haber sido objeto de tributación y, por tanto, no cabría hablar de delito fiscal respecto a ellos.

Los letrados Carlos Neira Herrera y Gabriel Rodríguez-Ramos han construido una argumentación técnicamente sólida que pone en jaque la acusación por delito fiscal. La juez deberá decidir ahora si centra sus esfuerzos en determinar el origen de los fondos o en perseguir el presunto fraude fiscal, dos vías que, según argumenta la defensa, resultan jurídicamente incompatibles entre sí. Esta maniobra procesal podría marcar un punto de inflexión en la investigación.

Nuevos delitos

La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L. mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona —empresa de Alberto González Amador— y su cliente Quirón Prevención. La resolución analizaba si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Masterman sirvieron para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados.

La acusación popular, que ejercen los partidos políticos PSOE y Más Madrid, entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».