El Gobierno planea usar los disturbios en la exhumación para ilegalizar la Fundación Franco

El Gobierno espera el momento para ilegalizar la Fundación Franco y pretende, además, utilizar posibles disturbios que se generen en el momento de la exhumación del dictador para actuar contra la organización por incitación al desorden público.

No es la primera vez que el PSOE prepara un ofensiva legal contra la Fundación Franco. Es más, desde las filas socialistas ya han asegurado en diversas ocasiones que la citada organización «es una fundación de exaltación de la dictadura y que va en contra de los valores democráticos”.
Pero, ahora, desde La Moncloa creen que ha llegado la oportunidad para actuar contra ellos porque, en caso de que se produzcan disturbios en la exhumación, los equipos jurídicos del Ejecutivo quieren unir las convocatorios de homenajes de la organización que lleva el nombre del dictador a esos altercados para actuar contra ella.

La Fundación Franco, además, sabe que desde las filas socialistas les están analizando y siguiendo los pasos. Y se preparan para la defensa porque, según sus argumentos, “nuestros fines fundacionales tienen un indudable carácter general como puede verse a través de su redacción, que conoce bien el Gobierno”.

En esa redacción se destacan como fines de la Fundación los siguientes: “Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos. Difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977».

También se contempla «el fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica y de cualesquiera otras actividades culturales. La defensa de los fines anteriores tanto ante los medios de comunicación como ante las diversas administraciones públicas o instando la tutela efectiva ante la jurisdicción correspondiente”.

Desde la Fundación ya han señalado en anteriores ocasiones a este periódico que «si se llegase a cuestionar la legalidad –la capacidad de asombro en este país ya es infinita–, resulta indudable que ello afectaría directamente a la legalidad de Fundaciones de la órbita del PSOE como las Fundaciones Pablo Iglesias y Largo Caballero, Fundación Alfonso Perales, Fundación Gabriel Alomar, Fundación José Barreiro, Fundación Matilde de la Torre, personajes todos estos de mucho menos relieve que Francisco Franco y desconocidos en su mayoría para todos los que no formen parte del Patronato de las mismas”.

Y añaden, además, más fundaciones en esta lista: “Y qué decir de las Fundaciones de la órbita de Izquierda Unida como la Fundación Catorce de Abril, Fundación Zabaldiak, Fundación Idi Ezquerra, Fundación de Investigaciones Marxistas, Fundación Rey Corral y Fundación Horacio Fernández Iguanzo”.

La Fundación Franco no descarta actuar contra esas fundaciones en caso de recibir un ataque jurídico. «A diferencia de esta Fundación (la que lleva el nombre del dictador) –que tan sólo recibió una subvención reglada de 150.000 euros para digitalizar la totalidad de su archivo en los años 2000 al 2003–, la inmensa mayoría de las Fundaciones citadas reciben anualmente cuantiosas subvenciones del erario público, sin ir más lejos, la Fundación Largo Caballero, vinculada al sindicato UGT, ha recibido más de 500.000 € en subvenciones durante los últimos años, la Fundación del PSOE Pablo Iglesias, sólo en el año 2018 la cantidad de 235.710 euros, y la fundación ‘Instituto 25M para la Democracia’ vinculada a Podemos, 102.960 euros, en este año”, añaden desde la Fundación Franco.