El Gobierno niega en 7 respuestas al Congreso exigir a la Generalitat el 25% de las clases en español

Hasta en siete ocasiones el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido por escrito al Congreso de los Diputados que no piensa instar a la Generalitat al cumplimiento de las sentencias -entre ellas, del Tribunal Supremo- que obligan a que el 25% de las clases en los colegios de Cataluña se impartan en español.

El linchamiento del separatismo a una familia de Canet de Mar (Barcelona) por lograr que la Justicia reconozca el derecho de su hijo a recibir más horas de clase en la lengua de todos los españoles ha puesto de nuevo el foco en la inacción del Ejecutivo. En sus respuestas parlamentarias, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno se escuda en que son los tribunales los competentes para hacer seguimientos de las sentencias y exigir su cumplimiento y no, en su caso, el Ministerio de Educación. También se remite a que la Alta Inspección del Estado no tiene competencias para ello, por lo que deriva esa atribución a la comunidad autónoma gobernada por el independentismo.

En otras respuestas, el Gobierno hace referencia a la nueva ley de educación, LOMLOE, que no establece porcentajes para la lengua y suprime además el carácter vehicular del español en la enseñanza.

«Valoración flexible»

En su contestación al portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Clavell, el Gobierno alega incluso que «si bien el Tribunal Supremo estableció en un 25 % el porcentaje razonable de horas lectivas que debían impartirse en castellano, dicho porcentaje se fija como cumplimiento de sentencia».

«En dichas resoluciones se aclara que los jueces imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias, pero el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua», prosigue el Ejecutivo.

En su consideración, la «constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial» debe estar basada en una «valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia, no sólo como materias sino también como lenguas para enseñar y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas».

En otra reciente pregunta, sobre las «medidas para asegurar el derecho de escolarización en castellano de los hijos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en comunidades autónomas con más de una lengua oficial», el Gobierno se remite a que son las «administraciones educativas» -en alusión a la Generalitat- las que deben asegurarlo.

El Ejecutivo -que recoge el mismo argumento de la «valoración flexible» del porcentaje de clases en español- alega además que «las leyes deben garantizar, ante todo, el beneficio de los escolares de manera que se preparen para vivir en sociedad y puedan adquirir las competencias que van a necesitar a lo largo de su vida, más allá de lo que deseen, elijan u opinen terceras personas».

Sobre la posibilidad de establecer medidas «compensatorias» para las familias que deseen más enseñanza en español para sus hijos, destacan que «el Estado no se puede arrogar funciones sustitutorias basándose en una supuesta garantía del derecho a conocer el castellano».

En otra ocasión, el Gobierno responde que «en cualquier caso» los tribunales de Justicia «son los únicos competentes para determinar el incumplimiento de la norma vigente, que pueden requerir el cumplimiento de sus sentencias», despachándose así de cualquier responsabilidad.

La semana pasada, en su visita a Barcelona para participar en el congreso del PSC, Sánchez ya evitó comprometerse expresamente a asegurar que se impartan el 25% de las horas lectivas en español.

«Sobre la polémica del uso del español y el catalán, siempre reivindico que los socialistas estamos donde está la mayor parte de la sociedad catalana y española: en el sentido común», se limitó a decir el presidente socialista, instando a «entender que la lengua es un vehículo para el entendimiento y el respeto». Sánchez evitó cualquier alusión a la Generalitat para exigirle el cumplimiento de las sentencias.