El Gobierno acerca a sus casas al sanguinario GRAPO Silva Sande y cuatro etarras

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado este lunes el traslado de Madrid a Teixeiro (La Coruña) de Fernando Silva Sande, el miembro de la banda terrorista GRAPO que ha colaborado con los investigadores ofreciendo pistas sobre el lugar donde se encuentra el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón. Asimismo, se ha acercado a otro ‘grapo’ y a cuatro presos de ETA.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior ha indicado que el traslado de Silva Sande se ha aprobado tras oír a la junta de tratamiento de la prisión madrileña de Soto del Real, que lo justifica por vinculación familiar. Ingresó en prisión el 6 de octubre de 2005 y cumple una condena de 30 años por asesinatos, homicidios, atentados, robos, detención ilegal y estragos.

Silva Sande cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2021. Según los datos de Prisiones, se ha desvinculado de la organización terrorista GRAPO, está abonando la responsabilidad civil y colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el esclarecimiento de la actividad delictiva.

El pasado mes de julio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguró que no contemplaba otra posibilidad que no sea que el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón esté enterrado en Mont Ventoux, en el sureste de Francia, la versión a la que da más fiabilidad y que siempre ha mantenido el terrorista del GRAPO Fernando Silva Sande, que lleva colaborando con la Guardia Civil desde 2008.

Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, el Ministerio Público descarta el relato contenido en la sentencia de dos ‘grapos’ condenados por el secuestro de Cordón en 1995, la cual mencionaba en uno de sus epígrafes que Silva Sande había cambiado su versión y ahora situaba el lugar del entierro de los restos del empresario en los Pirineos.

Instituciones Penitenciarias también ha dado luz verde al traslado desde Madrid VI al Centro de Inserción Social Victoria Kent de otro ‘grapo’, Jesús Merino del Viejo, a quien se le ha progresado al tercer grado. Ingresó en prisión el 23 de junio de 2002 y cumple una condena de 25 años por colaboración con banda armada, falsificación de documento público, tenencia de armas, robo con violencia y estragos.

Merino del Viejo cumplirá las tres cuartas partes de condena en abril de 2021 y, según Prisiones, se ha desvinculado de la organización terrorista GRAPO, se ha comprometido a abonar la responsabilidad civil y ha pedido perdón a las víctimas.

Interior prosigue con el acercamiento al País Vasco de presos de ETA. Este lunes se han aprobado otros cuatro traslados, entre ellos Mikel Orbegordo Echarri del centro penitenciario de Badajoz al de Valladolid. Este interno ingresó en prisión el 21 de febrero de 2005 y cumple condena de 12 años y 26 meses por organización terrorista, tenencia ilícita de armas, falsificación de documento público y resistencia a la autoridad. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2015 e Interior informa de que ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha renunciado al uso de la violencia.

También será trasladado el etarra Francisco Javier Chimeno, que ingresó en prisión en el año 2000 y cumple 30 años por intentos de asesinato y tenencia de explosivos. Será trasladado de Alicante a Burgos y cumplió tres cuartas partes de condena en julio de 2016. Ha aceptado la legalidad penitenciaria, reconoce el daño causado, la importancia de resarcir a las víctimas y se compromete a no volver a utilizar la violencia, según Prisiones.

Por su parte, Igor González Sola pasará de Madrid II al centro penitenciario de Soria. Cumple las tres cuartas partes de condena en marzo de 2020. En este caso, cumple desde 2005 una condena de 20 años por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial. Se considera que ha aceptado la legalidad penitenciaria.

El último de los cuatro miembros de ETA es Jorge Fraile Iturralde, que será acercado a Cantabria -actualmente se encuentra en Badajoz–. Ingresó en prisión el 10 de abril de 1998 y cumple condena de 25 años por colaboración con banda armada, tenencia de explosivos, estragos y daños. En enero de 2017 cumplió las tres cuartas partes de condena y, según Interior, ha aceptado la legalidad penitenciaria.