El Gobierno acelera por «urgencia» la reforma de la Ley Electoral en pleno descrédito de Sánchez
Interior ha reducido el plazo de audiencia pública alegando la "urgencia" que supone este anteproyecto de Ley
El Ministerio del Interior acelera la ley de la reforma de la Ley Electoral diseñada por el Gobierno en el marco de su Plan de Acción de la Democracia. Ha reducido el plazo de audiencia pública alegando la «urgencia» que supone este anteproyecto de Ley, que incluye que sean obligatorios los debates electorales y que las encuestas publiquen los microdatos. Un movimiento que se produce en un momento crítico para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cercado por la corrupción y con sus socios poniéndole cada vez un precio más alto para mantener el Gobierno de coalición tras el escándalo del ya denominado caso PSOE.
El Anteproyecto de Ley Orgánica para modificar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se someterá a audiencia pública durante 10 días, un plazo reducido, al amparo del artículo 26.6, párrafo segundo, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
«El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo», reza la memoria del texto.
Según el Ministerio del Interior, esta reducción de los trámites se justifica en la «urgencia» de llevar a cabo esta medida. «Con esta reforma se da cumplimiento al Plan de Acción por la Democracia (aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de septiembre de 2024), instrumento con el que se persigue reforzar la transparencia de nuestra democracia», indica la memoria del proyecto normativo.
Así, desde Interior aceleran los trámites para poder agilizar la normativa para que sea obligatorio «al menos un debate electoral» en los medios de comunicación públicos y que las encuestas publicadas en campaña faciliten sus microdatos. El anteproyecto «obliga» a los medios de comunicación públicos a celebrar debates electorales y «exige» que las encuestas y sondeos difundidos en campaña publiquen también los ficheros de microdatos.
A esos debates «estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios, salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente», ha precisado. En la reforma se fija también que en los debates electorales participen todos los candidatos de las formaciones políticas que lograron representación en las anteriores elecciones y a la vez abre la posibilidad de que intervengan representantes de los que la Junta Electoral Central denomina «grupos políticos significativos».
Además, la obligatoriedad de celebrar debates no será para los medios de titularidad privada, aunque la reforma precisa que si ellos deciden organizar debates, deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la LOREG: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad.
La propuesta de reforma añade la obligación de dar publicidad a los ficheros de microdatos, que «son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información», ha indicado el Gobierno. Así, ha resaltado que tener acceso en abierto a los datos individuales, anonimizados, permite «garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones».
Momento crítico para Sánchez
Lo cierto es que Sánchez hace equilibrismos para mantenerse en La Moncloa. A los ya conocidos casos que cercan a Begoña Gómez y a su hermano, David Sánchez, se suman los avances en causas que están poniendo en un plano complicado al PSOE. El tiro de gracia ha sido el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán.
Las casi 500 hojas de informe desvelan el entramado de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021. Las grabaciones realizadas por Koldo García documentan cómo el ya ex secretario de Organización del PSOE, ha gestionado el reparto de comisiones millonarias derivadas de contratos públicos adjudicados irregularmente. Una investigación que ya ha abierto grietas en el Gobierno: los socios de Sánchez están elevando cada vez más la presión al Ejecutivo, poniendo en jaque que se finalice la legislatura.
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