Un magistrado del Tribunal Supremo da su receta para acabar con los okupas: «Es un caso claro de estafa»

Casos como el del okupa que amenazó con un hacha a una periodista provocan que dé la sensación de que campan a sus anchas por España, pero un magistrado del Tribunal Supremo ha dado el mejor consejo para luchar contra los okupas en nuestro país.

Se trata de Vicente Magro y se ha centrado en los casos de inquiokupación. Es decir, cuando el inquilino deja de pagar el alquiler. Para el juez lo fundamental es actuar por la vía penal.

El problema es que conseguirlo no es tan fácil como suena. Por ello ha propuesto una serie de medidas concretas para agilizar los plazos y recuperar la propiedad.

El consejo de un magistrado del Tribunal Supremo para acabar rápido con los okupas

Magro lo explica sin medias tintas: «Cuando alguien entra a un alquiler con la intención premeditada de no pagar, estamos ante un caso claro de estafa. Y una estafa debe tramitarse por la vía penal, no por la civil».

Esta diferencia es fundamental, ya que la vía penal agiliza el procedimiento y permite una resolución mucho más rápida en favor del propietario afectado, que es lo que más suele costar.

Pero para que este enfoque funcione, el juez insiste en que el dueño de la casa debe poder probar que el inquilino tenía desde el primer momento la intención de no pagar el alquiler.

«Si el arrendador puede demostrar que el inquilino tenía la intención de no pagar desde el inicio, el caso puede considerarse una estafa y tramitarse penalmente. Esto facilita mucho más una resolución rápida», resume.

Por qué es importante actuar contra los okupas lo más pronto posible

Otro aspecto que ha querido destacar el magistrado es el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue modificado el 3 de abril, pero del que pide más concreción.

Por ello ha pedido que el juez de instrucción tenga la capacidad de ordenar el desalojo «en un plazo máximo de 72 horas» en los casos de allanamiento de morada o usurpación de inmuebles.

Además, añade que la única forma que debería existir de frenar este procedimiento es si se acredita de forma «clara y fehaciente la existencia de un contrato de arrendamiento o título que habilite el mantenimiento de la posesión».

También ha pedido que se dejen de tener en cuenta los documentos de dudosa procedencia: «No deben ser admisibles documentos ajenos a un contrato firmado en legal forma por el propietario que pueda acreditar que realmente existió un arrendamiento y no una okupación ilegal».

El truco final del juez Magro para acabar con la inquiokupación

Por muchos trucos que tengan los okupas, el juez ha propuesto una estrategia, para que no alarguen el proceso: «Registrar y sellar los contratos de alquiler en las oficinas de Vivienda de cada autonomía» y exigir su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Porque lo básico es que en España se está produciendo una situación absurda: «Si no se devuelve por la vía judicial la posesión a los propietarios ante okupaciones ilegales, existe una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y la vulnerabilidad debe afectar a la Administración, no a los dueños de los inmuebles».