Una Gestapo controlará que se hable euskera en los recreos y comedores escolares

La nueva ley de educación que prepara el Gobierno vasco de PNV y PSOE, al dictado de lo marcado por Bildu en las negociaciones previas, supondrá de facto la imposición del uso del euskera en todos los modelos de enseñanza. Asimismo, la liquidación del español se extenderá también fuera de las aulas, llegando al patio del colegio, al comedor escolar y a las actividades extraescolares, tal y como ya ha informado OKDIARIO. Y para asegurarse de que eso ocurra, la nueva ley crea unos organismos formados por políticos que tendrán un poder de decisión determinante sobre aspectos claves en la organización de los centros escolares de cada municipio y, por tanto, del uso del euskera en los mismos.

Se trata de los Consejos Educativos Municipales, de los que formarán parte los políticos locales allí donde exista al menos un colegio o instituto. Estos Consejos se encargarán de supervisar el día a día de los centros y podrán intervenir tanto en cuestiones de organización de los mismos, como en las admisiones, en las relaciones con la comunidad educativa y en las actividades extraescolares. Y es así como podrán imponer su criterio lingüístico.

Con la creación de estos comisariados políticos, en la mayoría de pueblos del País Vasco, cuyos ayuntamientos están en manos del nacionalismo y de Bildu, el PNV y los proetarras tendrán la última palabra de lo que sucede en los colegios e institutos y de cómo se usa el idioma en los mismos, quedando con ello prácticamente garantizada la inmersión lingüística completa. El pretexto con el que socialistas, nacionalistas y proetarras, autores del anteproyecto de ley de educación, justifican que los políticos pongan sus manos sobre la educación, es combatir la segregación.

En este sentido, la reforma educativa de los partidos de Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu concede al Consejo Educativo Municipal de cada localidad competencias en «la distribución de la oferta y determinación de los criterios de escolarización del alumnado». Del mismo modo, le habilita para desarrollar «actuaciones y medidas necesarias para contribuir a garantizar una idónea y equilibrada escolarización del alumnado, a fin de evitar su segregación por razones socioeconómicas o de otra naturaleza».

Con el fin de favorecer la inmersión, y bajo la justificación de la autonomía de gestión, la reforma educativa deja mucho margen de maniobra a cada centro para tomar decisiones sobre el uso de la lengua. Si bien, al mismo tiempo, supedita esa autonomía de gestión a las «directrices que determine» el Consejo Educativo Municipal, permitiendo así que la intervención política en el ideario de los centros educativos de esas localidades quede bajo control de nacionalistas y de Bildu.

Asimismo, las familias verán limitada la libertad de elección de centro al dejar al arbitrio de los políticos qué alumnos van a cada colegio. Y es que la nueva ley da vía libre a una pretensión histórica de Bildu y Podemos: que los centros concertados admitan a más alumnado que ellos consideran «vulnerable», dentro del cual incluyen a inmigrantes, minorías étnicas o alumnos de familias desestructuradas.

Concertada

Pero hay más cesiones de socialistas y nacionalistas a Podemos y Bildu que tienen que ver con la escuela concertada. La nueva ley de educación prohíbe el cobro de cualquier cuota por parte de estos centros a sus usuarios. A cambio, desde el PNV se ha prometido a los colegios concertados un aumento de la financiación. Eso sí, a cambio de que respondan a un avance en favor de la inmersión. Además, la reforma educativa deja la puerta abierta a eliminar el concierto de los centros a petición de los propios colegios. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si lo solicitara una mayoría del claustro de profesores.

Esta posibilidad de ikastolizar la concertada no es remota, ya que los sindicatos nacionalistas y proetarras están ganando terreno entre los docentes. Y una de sus reclamaciones es pasar a ser personal de la escuela pública, con lo que con el cierre de los colegios concertados y su conversión a públicos, estos profesores pasarían a ser empleados públicos.

Esta sería otra vía para la imposición total del euskera, según explica Iñaki Oyarzábal, presidente del PP de Álava y portavoz de Educación del PP Vasco. Y es que, tal y como temen desde la formación de Carlos Iturgáiz, partido que prácticamente en soledad se posiciona contra esta ley y advierte de sus peligros, es posible que desde el nacionalismo vayan contra aquellos colegios concertados que han destacado por ofrecer un modelo trilingüe y «se han convertido en refugio para muchas familias».

Oyarzábal denuncia asimismo que «tal y como ocurrió con la euskaldunizacion», nacionalistas, proetarras y socialistas «van a cargarse los principales centros de prestigio que quedan». Asimismo, subrayan que el anteproyecto de ley es un texto muy abierto que permite desarrollar muchos aspectos en disposiciones reglamentarias posteriores, por lo que los distintos gobiernos vascos podrán ahondar aún más en la inmersión y el arrinconamiento del español.