La Generalitat recurre ante el Constitucional y el Supremo el control del Estado al FLA

El gobierno de la Generalitat ha anunciado un doble recurso, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional (TC), contra los nuevos controles estatales al acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ha avanzado que no facilitará al Gobierno central la lista de funcionarios que reclama.

El pasado viernes, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy anunció que comprobará semanalmente que la Generalitat no financia el referéndum del 1 de octubre con dinero público, de modo que suspenderá las entregas del FLA si corrobora que eso ocurre.

En respuesta a esta advertencia, el Govern ha decidido hoy acudir a la justicia para hacer frente a una medida que «amenaza a la parte más débil de la sociedad» catalana, ya que una suspensión del FLA afectaría a «proveedores que ofrecen servicios sociales».

Así lo ha afirmado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, que ha instado al Ejecutivo del PP a actuar con la «máxima responsabilidad».

Junqueras, además, ha avisado de que no facilitará al Gobierno central la lista de trabajadores públicos que certifican las finanzas de la Generalitat, pues son «los miembros del Govern» los que certificarán cualquier petición de información.

Asimismo, el Govern ha acordado garantizar el derecho de defensa de los consellers, los altos cargos y los empleados públicos de la Generalitat que, por cumplir acuerdos del ejecutivo catalán, se enfrenten a procedimientos judiciales derivados del proceso soberanista.

Tanto el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, como Junqueras han evitado desvelar en qué fase se encuentra el proceso de compra de urnas para el referéndum y han reiterado que informarán solo cuando se haya «completado el itinerario», al tiempo que han incidido que lo importante es «trabajar para que se llenen de votos» el 1 de octubre.

No obstante, según informa el diario Ara, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en una cena ayer en Madrid que el Govern ya dispone de las urnas que deben servir para el referéndum del 1 de octubre y que la ley catalana para ampararlo será registrada esta misma semana en el Parlament.

En la cena estuvieron presentes, además de Puigdemont, el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, el escritor Suso de Toro y el politólogo Ramon Cotarelo, además del delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, y el secretario general del Diplocat, Albert Royo.

Según fuentes de las fuerzas independentistas consultadas por Efe, JxSí y la CUP planean registrar en el Parlament la ley del referéndum a finales de esta semana o, como muy tarde, el lunes de la semana que viene, antes de que finalice el periodo de sesiones, aunque es improbable que la Mesa se reúna para admitirla a trámite antes de la vuelta de vacaciones de verano, el 16 de agosto.

Desde la oposición, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, ha expresado la sospecha de su formación de que el pleno del Parlament de esta semana, en el que está previsto que se apruebe la reforma del reglamento de la cámara impulsada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP para permitir la aprobación exprés de las llamadas «leyes de desconexión», puede ser el último de la legislatura.

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha alertado a JxSí y la CUP de que, con la reforma del reglamento del Parlament, no podrán tramitar ni la ley del referéndum ni la ley de transitoriedad jurídica que pretende «desconectar» a Cataluña de España.

El portavoz parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado que su partido pedirá la dimisión de Junqueras si se demuestra que «escondió» un informe interno del ejecutivo catalán para «tapar la corrupción de CDC».

Fernández se ha hecho eco de la información publicada en el diario digital El Español, en la que se asegura que una comisión dependiente de Junqueras descubrió un «amaño» de contratos en la etapa de gobierno de Artur Mas y lo reflejó en un informe interno.

Mientras tanto, después de que agentes de la Guardia Civil acudieran la semana pasada al Parlament para reclamar información relacionada con el caso 3%, hoy la CUP ha pedido que la cámara catalana se dote de un protocolo para evitar la entrada de fuerzas de seguridad del Estado.

Por otra parte, el hasta hoy número dos del Departamento de Cultura de la Generalitat, Xavier Gibert, un alto cargo de la administración catalana desde 2010, ha cesado como secretario general de la Consellería, tras haber sido nombrado el pasado día 11, y en su lugar ha sido nombrada Maria Dolors Portús.