La baza de Moncloa: ‘hombres de negro’ in situ para estrechar el cerco económico a la Generalitat

El Gobierno se reserva una nueva medida para estrechar el control económico de la Generalitat de Cataluña en caso de que ignore la obligación de informar semanalmente al ministerio de Hacienda de sus gastos, según el acuerdo anunciado el pasado viernes.

El reglamento de aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) –cuyas transferencias quedarán suspendidas si se detecta que se están empleando fondos públicos para la organización del referéndum ilegal–recoge la posibilidad de que, en el caso de que el Ministerio de Hacienda detecte posibles riesgos e «incumplimientos», se solicite a la Intervención General de la Administración del Estado llevar a cabo una misión de control. 

El objetivo de esa «misión» será «concretar el diagnóstico de la situación financiera de la Comunidad autónoma», y, en su caso, obliga al órgano de control interno de la comunidad a «prestar toda la ayuda y colaboración que le sea necesaria». En este sentido, se especifica que «tendrá acceso a la totalidad de la documentación de la Comunidad Autónoma, para el buen desempeño de sus funciones».

«Condicionalidad reforzada»

Aunque el aviso del pasado viernes supone un paso más para la ‘asfixia’ económica del referéndum, lo cierto es que Cataluña lleva tiempo siendo objeto de una extrema vigilancia por parte del Gobierno. Desde 2015, la comunidad está sujeta a una «condicionalidad reforzada», lo que implica un control específico en el destino de los fondos, y con vistas a evitar su ‘desvío’ a la celebración de un referéndum ilegal. El acuerdo contempló entonces que los fondos del FLA estarían condicionados en exclusiva al pago de servicios públicos esenciales, como las farmacias, obligaba al interventor a dar cuenta mensualmente de la ejecución del gasto «dejando constancia de que no contraviene al ordenamiento jurídico» y establecía una conexión telemática entre el Estado y la Generalitat para controlar las facturas.

El pasado viernes, y tras detectarse un desvío de 6.150 euros para procesos electorales, el Gobierno anunció un refuerzo en el sistema de control preventivo, que implicará que la vigilancia sea ahora semanal. El acuerdo obliga a los funcionarios-interventores y responsables económicos de cada departamento con capacidad de gasto-y cargos a certificar ante Hacienda que no se ha iniciado ningún expediente de inversión en los preparativos del referéndum anunciado para el 1 de octubre. La orden, que entró en vigor tras su publicación, el sábado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será de aplicación esta misma semana.

La Generalitat recula

La primera reacción del Gobierno catalán fue ‘vía Twitter’. En varios mensajes, el presidente Carles Puigdemont reclamó al Estado el dinero que, consideró, se destina a pagar la «guerra sucia» contra el independentismo.

«Los intereses que hemos pagado para que nos presten nuestro propio dinero, que recaudan generosamente, ¿nos los puede devolver, ministro?», dijo en uno de ellos. En otro, reclamó «los euros públicos de los catalanes que no se han invertido en Cataluña a pesar de estar presupuestados».

En la misma línea se pronunciaron otros miembros del Govern, como el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, quien llegó a comparar la medida con «lo que ocurría en la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta cada semana».

Este lunes, el mensaje parece haberse moderado. El secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, aseguró que la Generalitat cumplirá con las órdenes del Gobierno aunque considero también que la medida solo pretende «asustar a los funcionarios».

«Es una reiteración de una medida que desde hace tiempo se aplica, solo que cambia su temporalidad y se generaliza sobre el funcionariado de la Generalitat», explicó.